William Antonio Macías Castro, de 63 años, fue detenido el 8 de julio de 2024 junto a Rubén Darío Bermello Romero y Ángel Jorge Castro frente a las costas de El Salvador, cuando transportaban 760 paquetes de cocaína valorados en más de 19 millones de dólares. En septiembre de 2025, los tres ecuatorianos fueron condenados a 15 años de prisión por tráfico ilícito de drogas, en un caso que refleja el incremento de pescadores manabitas involucrados en rutas marítimas del narcotráfico internacional.
La familia de Macías Castro, residente en Jaramijó, provincia de Manabí, asegura que conoció sobre su captura a través de publicaciones periodísticas. Según relataron, durante varios meses desconocieron su paradero y llegaron a recibir información de que había fallecido en prisión debido a problemas de salud relacionados con diabetes e hipertensión.
Uno de sus hermanos indicó que la familia inició búsquedas en entidades estatales y oficinas vinculadas a relaciones exteriores para verificar su situación. Posteriormente, mediante contactos telefónicos con un hospital salvadoreño, conocieron que el ecuatoriano permanecía internado y bajo tratamiento médico.
Condenados por tráfico ilícito
De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador, los tres ecuatorianos fueron interceptados por la Marina Nacional salvadoreña luego de lanzar al mar 19 bultos desde una embarcación en aguas del Pacífico.
Tras el procedimiento realizado en la Capitanía del Puerto La Concordia, las autoridades identificaron 760 paquetes rectangulares positivos para cocaína, con un valor estimado de 19.106.400 dólares en el mercado ilegal. El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador dictó la pena máxima solicitada por la Fiscalía tras la presentación de pruebas documentales, periciales y testimoniales.
La situación de Macías Castro también estuvo marcada por problemas de salud previos. Sus familiares señalaron que padecía diabetes avanzada y que habría sufrido amputaciones parciales en una de sus piernas antes de su detención.
Según el relato familiar en Jaramijó, la comunicación con él ha sido limitada. Aseguran que en casi dos años solo recibieron una carta y algunos reportes indirectos enviados mediante intermediarios o grupos de apoyo vinculados a ecuatorianos detenidos en El Salvador.
Aumento de ecuatorianos detenidos
El caso de Macías Castro no es aislado. En los últimos años, autoridades salvadoreñas han reportado múltiples capturas de ciudadanos ecuatorianos, principalmente provenientes de Manabí, por transporte marítimo de droga.
Solo en 2026 fueron difundidos varios procesos judiciales contra pescadores ecuatorianos interceptados en aguas internacionales o territoriales de El Salvador. Entre ellos constan tres jaramijenses condenados a 15 años de prisión tras ser detenidos con un cargamento valorado en aproximadamente 38 millones de dólares.
Otro caso involucró a seis ecuatorianos y tres guatemaltecos capturados con 1.482 kilos de cocaína, cuyo valor fue estimado en cerca de 37 millones de dólares. Las sentencias también alcanzaron los 15 años de cárcel.
Más recientemente, el Tribunal Cuarto de Sentencia de El Salvador condenó a los ecuatorianos Jofre Leónidas Pilozo Wila, Francisco Daniel Moreira Alcívar y Sergio Vicente Cuero Fernández. Los tres fueron capturados en febrero de 2025 cuando transportaban 1.795 kilos de cocaína, valorados en aproximadamente 45 millones de dólares.
De acuerdo con estimaciones de organizaciones de familiares y dirigentes pesqueros, en El Salvador existirían actualmente más de 150 ecuatorianos detenidos, mientras que la cifra regional en Centroamérica, México y Estados Unidos podría acercarse a 1.800 ciudadanos ecuatorianos encarcelados por delitos relacionados con narcotráfico marítimo.
Crisis pesquera y vulnerabilidad económica
Dirigentes pesqueros y representantes de asociaciones de familiares sostienen que la crisis económica del sector artesanal influye en la participación de algunos pescadores en actividades ilícitas.
Carlos Carrión, secretario de la Asociación de Madres y Esposas de Pescadores Detenidos en otros países, señaló que factores como el endeudamiento, el robo de motores y la disminución de la pesca afectan directamente la economía de las familias costeras.
En provincias como Manabí, Esmeraldas, Guayas y Santa Elena, cientos de embarcaciones permanecen paralizadas debido a problemas financieros y falta de apoyo estatal, según dirigentes del sector. En día,s pasados, el Gobierno nacional en jaramijó hizo el lanzamiento del "Crédito Productivo 7x7", que ofrece tasas del 7% anual, montos desde $500 hasta $250,000 y plazos de hasta 14 años (incluyendo periodo de gracia) para la compra de motores y redes.
Una representante pesquera de Jaramijó, que pidió mantener su identidad en reserva, manifestó que muchos pescadores enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas y recuperar equipos robados en altamar. También mencionó casos de pescadores desaparecidos durante faenas marítimas.
Las autoridades locales han insistido en que la mayoría de pescadores artesanales desarrolla actividades legales. Jorge Castro, director del Departamento del Pescador de Jaramijó, afirmó que existen esfuerzos orientados a generar oportunidades de empleo y emprendimientos para disminuir la vulnerabilidad económica en el sector.
Rutas marítimas y controles internacionales
Carlos Carrión insistió en que el reclutamiento de pescadores para el transporte de droga por vía marítima ha sido identificado por organismos de seguridad como una modalidad utilizada por redes narcocriminales en el Pacífico oriental.
El dirigente sostiene que factores como la experiencia de navegación, el conocimiento de rutas marítimas y la ubicación estratégica de zonas costeras ecuatorianas han sido señalados en investigaciones oficiales, como las que atraen a las organizaciones sobre tráfico internacional de drogas, para captar a pescadores artesanales, especilamente de Manabí.
Mientras avanzan las sentencias y procesos judiciales, familiares de los detenidos continúan buscando información sobre su situación legal y condiciones de salud en cárceles salvadoreñas. Algunos aseguran enfrentar dificultades para acceder a asistencia consular y asesoría jurídica.
El caso de William Antonio Macías Castro refleja una problemática que involucra factores económicos, redes criminales transnacionales y el impacto social que enfrentan comunidades pesqueras de la costa ecuatoriana.
