En un contexto marcado por cuestionamientos constantes a la gestión de los recursos públicos, el abogado Pablo Dávila analiza las fallas estructurales del sistema de contratación pública en Ecuador y plantea implementar algoritmos en la burocracia.
Más allá de las reformas legales recientes, advierte que el verdadero problema radica en la falta de mecanismos preventivos frente a la corrupción.
Desde su perspectiva, el país necesita una transformación profunda basada en algoritmos , transparencia y responsabilidad ciudadana.
En esta entrevista, plantea soluciones concretas que van desde el uso de inteligencia artificial y algoritmos, hasta cambios en la cultura política y en la forma de elegir a las autoridades.
¿Cuáles son las principales deficiencias del sistema de contratación pública en Ecuador?
La contratación pública es una herramienta macroeconómica clave para el desarrollo del país y la garantía de derechos. Solo en 2025 se transaccionaron más de 7.300 millones de dólares, lo que demuestra su enorme impacto. Sin embargo, el problema es estructural. Desde la ley del 2008 ha habido múltiples reformas, pero ninguna ha solucionado de fondo temas como la corrupción. Incluso medidas recientes, como el decreto 356, tienen aspectos positivos, pero no atacan el problema real: prevenir irregularidades desde la raíz
¿Qué tipo de cambios estructurales necesita el país?
Ecuador necesita una ley de vanguardia, no más reformas parciales. También se requiere modernizar otras normas, como la ley de la Contraloría, que está obsoleta. El enfoque debe ser preventivo, no reactivo. No se trata de perseguir la corrupción después, sino de evitar que ocurra.
¿Qué deberían incluir estas nuevas normativas?
Deben incorporar tecnología, especialmente inteligencia artificial y sistemas de datos abiertos. Por ejemplo, actualmente se permite el despilfarro en contratación de espectáculos mediante figuras disfrazadas como "gestión cultural". Esto debería evitarse restringiendo directamente el uso de esas partidas presupuestarias.
¿Cómo evitar actos de corrupción como las coimas en contratos públicos?
Una solución concreta es eliminar la intervención humana en procesos críticos. Por ejemplo, las comisiones técnicas que califican ofertas pueden ser reemplazadas por sistemas automatizados con inteligencia artificial. Un algoritmo no puede ser sobornado. Además, se deben implementar auditorías algorítmicas para garantizar que estos sistemas funcionen correctamente.
¿Qué otras innovaciones podrían aplicarse?
En Europa, por ejemplo, la fiscalización de obras se realiza con drones que monitorean en tiempo real el avance de proyectos. En Ecuador aún se manejan procesos manuales y obsoletos. Es urgente modernizar estos mecanismos para mejorar el control.
¿Las sanciones actuales son suficientes para combatir la corrupción?
No. El enfoque sancionatorio llega tarde. Meter preso a un corrupto no devuelve el dinero ni soluciona el daño. Además, muchas veces no se logra recuperar lo robado. Es más eficiente prevenir que castigar. El sistema debe enfocarse en eliminar la tentación.
¿Qué papel juega la ciudadanía en este problema?
Es fundamental. Los ciudadanos eligen a sus autoridades, por lo que deben hacerlo con responsabilidad. Se debe exigir a los candidatos conocimiento técnico, propuestas sostenibles y visión de desarrollo. La calidad de la democracia depende de la calidad de las decisiones del electorado.
¿Debe el gobierno transparentar el uso de recursos como el incremento del IVA?
Sí, totalmente. Salvo temas de seguridad nacional, el uso de recursos públicos debe ser transparente. La ciudadanía tiene derecho a saber en qué se invierten los fondos, especialmente cuando provienen de mayores cargas tributarias.
¿Qué opina sobre el uso de declaratorias de emergencia en contratación pública?
Hoy están mejor reguladas, pero antes se abusaba de ellas. La emergencia debe ser un evento imprevisto, como un terremoto o una pandemia. No puede usarse para justificar problemas previsibles o mala gestión. Su mal uso ahora incluso agrava delitos como el peculado.
¿La crisis del sistema de salud puede considerarse una emergencia?
No en términos legales estrictos. Es una "emergencia provocada" por mala gestión, no un hecho imprevisto. Por lo tanto, no cumple los requisitos para declaratoria de emergencia como tal.
¿Cómo se puede mejorar la fiscalización y auditoría estatal?Se necesita evolucionar hacia auditorías tecnológicas y preventivas. No basta con revisar después de que ocurre el daño. Además, la Contraloría debe mejorar su efectividad en la recuperación de recursos públicos.
