La Corte Constitucional del Ecuador (CC) emitió este martes 12 de agosto un comunicado en el que alerta sobre “acciones que comprometen la seguridad institucional” en el marco de la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa hacia su sede en Quito.
Según el documento, el vallado perimetral habitual del edificio fue retirado este lunes 11 de agosto sin notificación previa. Además que el perímetro se mantuvo militarizado con un “despliegue inusual” de efectivos armados. La Corte señaló que, tras insistencias, la escolta institucional logró reinstalar las vallas a las 10h30 de este martes.
La CC también denunció la colocación de vallas publicitarias con los rostros de sus jueces durante el recorrido de la marcha. Este hecho lo calificó como un acto de estigmatización que “incrementa el riesgo” a la seguridad e integridad personal de sus autoridades. También que “afecta directamente a la independencia” del organismo.
La Corte Constitucional y su rechazo
La movilización de Noboa se hace para criticar duramente a los nueve jueces de la Corte por suspender provisionalmente 17 artículos de tres leyes impulsadas por su gobierno. Se trata de la Ley Orgánica de Integridad Pública, la Ley Orgánica de Inteligencia y la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Estas normas, según el presidente, son esenciales para combatir la corrupción, el terrorismo y el crimen organizado.
Entre las disposiciones suspendidas por la Corte se encuentran artículos que otorgaban a agentes encubiertos facultades para acceder a información sin licitación, la conversión obligatoria de cooperativas en sociedades anónimas y la posibilidad de indultar anticipadamente a uniformados procesados en el marco del conflicto armado interno declarado en 2024. La Corte argumenta que las medidas cautelares buscan precautelar derechos fundamentales mientras se resuelven las demandas de inconstitucionalidad presentadas por organizaciones sociales.
Marcha del Ejecutivo
La marcha, organizada por el partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), partió a las 11h00 desde el Puente del Guambra con destino a la sede de la Corte. El Gobierno, a través de la vocera Carolina Jaramillo, insistió en el carácter pacífico de la movilización. Asimismo, afirmó, busca mostrar “el verdadero poder del pueblo”. Sin embargo, sectores sociales y defensores de derechos humanos han advertido que podría interpretarse como una presión indebida sobre el máximo órgano de control constitucional.
La tensión se enmarca en un estado de excepción vigente en varias provincias y en un clima político polarizado, que mide ahora el pulso entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional.
