Luis Mejía, subdirector nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, denunció este lunes 18 de mayo de 2026 amenazas de muerte recibidas por WhatsApp en Ecuador, durante una sesión institucional en Quito, vinculadas con procesos disciplinarios y pedidos de destitución contra operadores de justicia, según informó el organismo, que expresó respaldo y anunció acciones de protección.
El Consejo de la Judicatura informó que el funcionario recibió mensajes intimidatorios en su teléfono celular. El hecho ocurrió el domingo previo a la sesión oficial. El contenido incluyó advertencias para detener procesos disciplinarios en curso. Además, se enviaron referencias gráficas asociadas a la muerte. Según el reporte institucional, uno de los elementos enviados fue un emoticón de ataúd. El mensaje buscaba frenar acciones internas de control disciplinario.
Durante la sesión del Pleno, Mejía expuso la situación ante las autoridades judiciales. La denuncia se vinculó con investigaciones disciplinarias en curso. El organismo judicial expresó respaldo inmediato al funcionario. También señaló que no enfrentará el proceso en aislamiento institucional. Se recomendó presentar la denuncia formal ante instancias competentes. Además, se evaluó su ingreso al sistema de protección de víctimas.
Respuesta institucional y medidas de protección
El Consejo de la Judicatura anunció gestiones para activar mecanismos de seguridad. Estas medidas buscan proteger a funcionarios en riesgo. La institución indicó que se coordinará con la Fiscalía para reforzar la protección. El caso se mantiene en seguimiento administrativo. El contexto se relaciona con procesos disciplinarios contra operadores de justicia en varias provincias del país.
El organismo judicial mantiene acciones de control disciplinario activas. Estas incluyen evaluaciones de desempeño y sanciones administrativas. Las autoridades insistieron en la necesidad de garantizar independencia en los procesos internos. También resaltaron la continuidad de los controles. El Consejo de la Judicatura reiteró que la seguridad institucional es parte del funcionamiento del sistema judicial.
Sanciones a operadores de justicia
En paralelo, la Judicatura informó sanciones recientes contra funcionarios judiciales. Una jueza de Carchi fue suspendida por 30 días sin sueldo. La medida se aplicó a Marta Carrillo Palacios, tras detectarse un retraso de nueve meses y 15 días en una resolución. El caso correspondió a una acción de protección que debía resolverse con celeridad dentro del sistema judicial ecuatoriano.
En Esmeraldas, el secretario Willian González Peralza recibió una suspensión de 30 días sin remuneración. La sanción se dio por la pérdida de un expediente en un proceso civil. Según la Judicatura, la reposición del documento permitió continuar el trámite judicial sin suspensión del caso.
La Corte Constitucional realizó un llamado reciente a reforzar la seguridad de operadores de justicia. Esto ocurrió tras el asesinato de la jueza Lady Pachay en Machala, provincia de El Oro. El hecho estuvo antecedido por reportes de amenazas previas, según información institucional.
Las autoridades judiciales han reiterado la necesidad de fortalecer mecanismos de protección. El sistema judicial ecuatoriano mantiene alertas por riesgos asociados a procesos disciplinarios. El Consejo de la Judicatura sostiene controles internos mientras investiga la denuncia de amenazas.
