El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó este martes a la fiscalía de Guatemala, luego de que se emitiera una orden de captura contra su exministro de Defensa Iván Velásquez y la actual fiscal general Luz Adriana Camargo, ambos investigados por supuestos actos de corrupción relacionados con la constructora brasileña Odebrecht. La orden fue emitida el lunes por un tribunal guatemalteco, según informó el fiscal Rafael Curruchiche.
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De acuerdo con la fiscalía guatemalteca, Velásquez y Camargo incurrieron en los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. Ambos fueron miembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un órgano respaldado por la ONU que operó en el país centroamericano entre 2007 y 2019.
Velásquez lideró la Cicig entre 2013 y 2019, mientras que Camargo fue jefa de investigación y litigio entre 2014 y 2017. Ambos funcionarios cuentan con inmunidad diplomática debido al carácter internacional de la comisión. La cancillería colombiana calificó las órdenes de arresto como una «grave desviación de los estándares de derecho internacional».
El fiscal Curruchiche, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por supuestos actos de corrupción, es quien lidera el proceso. En respuesta, Velásquez rechazó las acusaciones y expresó su solidaridad con los ciudadanos guatemaltecos que, según él, han sido forzados al exilio por el mismo organismo judicial.
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Presidente de Colombia responde desde redes sociales
El presidente Petro reaccionó a través de su cuenta en la red X (antes Twitter), donde señaló que la fiscalía guatemalteca forma parte de un patrón en la región:
“Las fiscalías que obedecen al crimen y no a las ciudadanías. Las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos”.
Camargo también respondió desde Colombia en rueda de prensa:
“Esta orden carece de sustento jurídico y representa un riesgo para la colaboración entre países y organismos internacionales en la lucha contra la impunidad”.
Contexto de una fiscalía cuestionada
La fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, también sancionada por EE. UU. y la UE, ha sido señalada por presuntas maniobras para frenar investigaciones sensibles. En 2023, Porras puso en entredicho la victoria electoral del actual presidente Bernardo Arévalo, abriendo investigaciones que, según el mandatario, buscaban impedir su investidura.
Estas nuevas acusaciones contra exintegrantes de la Cicig se suman a otras causas abiertas contra fiscales y jueces que han denunciado corrupción interna en Guatemala, aumentando las preocupaciones internacionales sobre la independencia del sistema judicial guatemalteco.
