Este sábado 30 de mayo, la Función Judicial de Pichincha reinstala la audiencia de juzgamiento contra 16 personas naturales y seis empresas por supuesta distribución ilegal, en el marco del Caso Triple A. Los magistrados anticorrupción evalúan los testimonios técnicos que sustentan la acusación estatal sobre el desvío de productos derivados del petróleo ecuatoriano.
Conexión telemática desde prisión
El alcalde guayaquileño Aquiles Alvarez y el procesado César Bravo intervienen en la diligencia de este sábado mediante la vía telemática. Esto se debe a que el burgomaestre de Guayaquil permanece bajo régimen de prisión preventiva dentro de la Cárcel del Encuentro de la provincia de Santa Elena.
Los jueces del Tribunal Anticorrupción autorizaron la participación virtual de las defensas técnicas para evitar la suspensión de las sesiones de trabajo. Las autoridades judiciales exigen mantener las cámaras encendidas permanentemente para validar la identidad de todos los sujetos procesales penalizados en la jornada.
Testigo clave de la Fiscalía
La fiscal Ruth Amoroso fundamenta la acusación pública a través de la comparecencia del perito técnico institucional de la agencia estatal, Germán Huayamave. El especialista rinde su declaración informativa desde el Complejo Judicial Florida Norte ubicado en la ciudad portuaria de Guayaquil.
El testigo detalla las inconsistencias detectadas en los informes oficiales sobre el despacho y posterior facturación de los derivados del crudo. El Ministerio Público planea interrogar a más de cien personas convocadas para demostrar la existencia del delito de almacenamiento ilícito.
Millonario perjuicio al Estado
La investigación penal de la Fiscalía General determina un perjuicio económico estatal calculado en sesenta y un millones de dólares americanos. Los informes periciales asocian el desvío de diésel subsidiado con actividades de comercialización irregular en áreas de frontera minera nacional.
El tribunal estableció un estricto calendario de audiencias presenciales y virtuales que se extenderá durante las primeras semanas de junio próximo. Los magistrados advierten con severas multas económicas a los abogados que provoquen suspensiones injustificadas en la presente etapa procesal.
