La Fiscalía General del Estado vinculó a Jessenia y Erika Vélez O. en los casos Triple A y Goleada, investigaciones relacionadas con presunto lavado de activos y comercialización irregular de diésel subsidiado en Ecuador. Las dos mujeres trabajaban en empresas relacionadas con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y aparecen en chats, informes financieros y documentos contables incorporados a los expedientes judiciales.
Las investigaciones señalan que ambas hermanas mantenían funciones contables dentro de varias compañías relacionadas con los hermanos Alvarez desde 2020. Según la Fiscalía, las procesadas participaron en el manejo financiero de empresas vinculadas con la comercialización de combustible.
Jessenia Vélez fue llamada a juicio en julio de 2025 dentro del caso Triple A. Erika Vélez fue vinculada al caso Goleada el 13 de mayo de 2026. La teoría fiscal sostiene que existió una estructura que compraba diésel subsidiado y luego lo comercializaba fuera del segmento autorizado.
Cooperador eficaz expuso funciones internas
De acuerdo con la investigación fiscal, Erika Vélez trabajaba en la empresa Agencia Naviera Corporativa, Anavisa, desde septiembre de 2020. En documentos entregados al juez, la procesada presentó certificados laborales, registros del IESS y justificativos familiares para sustentar su arraigo.
En un escrito enviado al juez Jairo García, Erika Vélez indicó: "Soy madre en periodo de lactancia materna activa, mi hijo cuenta con 10 meses de edad. Me encuentro en una situación que exige atención prioritaria y protección reforzada".
La Fiscalía incluyó el testimonio del cooperador eficaz Ricardo Cevallos, gerente financiero del grupo empresarial investigado. Según su declaración, Erika Vélez actuaba como contadora de Flonape Overseas S.A., empresa que, según la teoría fiscal, funcionaba como una compañía de fachada creada en Panamá.
La investigación sostiene que los recursos obtenidos por Ternape Petroleum S.A. ingresaban a cuentas de Flonape Overseas. La Fiscalía afirma que esos fondos provenían de ventas irregulares de diésel subsidiado destinado inicialmente al sector artesanal. Según el expediente, Petroecuador vendía combustible subsidiado a Ternape Petroleum y luego ese producto era comercializado a precio internacional. La Fiscalía calcula que las ganancias investigadas alcanzaron USD 2,7 millones.
Chat grupal y reportes financieros
Ricardo Cevallos declaró que conoció a las hermanas Vélez cuando ingresó al equipo financiero de las empresas investigadas. En su versión señaló que Erika Vélez trabajaba como contadora de Flonape Overseas y Jessenia Vélez como contadora de Corpalubri. El cooperador eficaz afirmó: "Ellas viajaban todos los meses desde Manabí a las oficinas de la Kennedy para revisar con los hermanos Alvarez los informes de rentabilidad".
Según el expediente, las hermanas integraban un chat grupal llamado ‘JessErikCont’, administrado por miembros de la familia Alvarez. En ese espacio se compartían reportes financieros y documentos contables relacionados con ventas y costos operativos. Cevallos también aseguró que un Google Drive utilizado para almacenar información financiera fue eliminado el 22 de julio de 2024, un día antes de allanamientos ejecutados por la Fiscalía en oficinas empresariales.
Entre las evidencias presentadas consta un chat del 26 de octubre de 2022. En ese mensaje se enviaba un archivo denominado "Ricardo Comisiones", donde aparecían pagos mensuales entre USD 6.000 y USD 7.000.
Fiscalía y defensa mantienen posiciones opuestas
La Fiscalía sostiene que Jessenia Vélez manejó cuentas de al menos siete empresas relacionadas con los hermanos Alvarez. Entre ellas constan Corpalubri, Grupo Alva3, Indudiésel, Bienpetrol y Copedesa. El fiscal Dennis Villavicencio afirmó durante una audiencia: "La señora contadora permitió, a través del ejercicio de la tributación ante el SRI, que se legalice y no se detecte por el organismo de control el producto de las ventas del combustible".
El funcionario agregó que las actividades contables habrían permitido dar apariencia legal a operaciones investigadas por distribución irregular de combustible. Además, señaló que la contadora tenía conocimiento sobre compras y ventas registradas. Por otra parte, el abogado José Navarrete rechazó la acusación contra su clienta. Durante la audiencia manifestó: "Se criminaliza la profesión de contadoras".
El defensor sostuvo que las procesadas cumplían funciones profesionales dentro de empresas legalmente constituidas y aseguró que los organismos de control mantenían facultades para supervisar operaciones comerciales y tributarias. Hasta el momento, los casos Triple A y Goleada continúan en etapa judicial. La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con presunto lavado de activos y comercialización irregular de combustible subsidiado en Ecuador.
