En las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito, se reinstaló la mañana de este viernes 15 de mayo de 2026 la segunda jornada de la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de peculado en el denominado caso Apagón. La Fiscalía General del Estado busca procesar formalmente a 21 personas por graves irregularidades en la adjudicación de millonarios contratos de emergencia suscritos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa estadounidense Progen Industries LLC.
La investigación fiscal en torno al Caso Apagón apunta a una presunta red institucional que operó para entregar contratos a la medida valorados en USD 149,1 millones, generando un perjuicio económico que superaría los USD 104 millones para el Estado. Durante sus intervenciones, el Ministerio Público expuso que el proceso de contratación evidenció el uso de documentación forjada y una absoluta falta de respaldo jurídico por parte de la contratista, cuyas maquinarias nunca lograron mitigar la crisis eléctrica que afecta al país. Pasadas las 13h00 de este viernes, se suspendió la audiencia para ser retomada a las 14h15.
Imputados y grandes ausentes en el proceso judicial
Entre los procesados del Caso Apagón que enfrentan la imputación destacan altos exfuncionarios, como el exministro de Energía, Antonio Goncalves, y el exgerente general de Celec, Fabián Calero. También se incluye a miembros de la comisión técnica, como Celso Sánchez y Paúl Flores, quienes inspeccionaron los equipos en Estados Unidos. Por el sector privado, la principal acusación recae sobre Williamson Andrew Scott, representante legal de Progen, y Karla Saud Calero, señalada por gestionar ilícitamente los trámites.
Un aspecto fuertemente cuestionado durante la diligencia del Caso Apagón es la ausencia de los administradores de los contratos en la lista de imputados. Según la normativa legal ecuatoriana, estos funcionarios debían vigilar el estricto cumplimiento de las obligaciones, supervisar la ejecución técnica y aplicar multas a Progen. Pese a esta evidente responsabilidad administrativa, el Ministerio Público decidió no formularles cargos penales, centrando exclusivamente su investigación en las fases precontractuales y de adjudicación del concurso.
Denuncias de presiones y amenazas de muerte
La audiencia ha revelado graves denuncias sobre cómo se gestó la adjudicación. Según los testimonios y elementos de convicción expuestos, los técnicos de Celec operaron bajo presión del gerente de Termopichincha para asegurar la invitación de la firma extranjera. Además, el procesado Paúl Flores recibió una amenaza de muerte escrita que advertía: "Te ubicamos y a tu familia te vamos a matar por los contratos torcidos", tras haberse negado a firmar el informe técnico de verificación.
Frente a estas acusaciones, las defensas han comenzado a plantear sus estrategias. El exministro Goncalves solicitó formalmente al FBI y a la red Fincen rastrear las transferencias internacionales vinculadas a Progen. Por su parte, Fabián Calero rechazó categóricamente los cargos, asegurando ante el juez que se intenta convertirlo en el "culpable elegido" de esta trama y negando cualquier tipo de vínculo con Karla Saud, quien habría recibido cuantiosos fondos de la compañía estadounidense.
Medidas cautelares e intentos de nulidad procesal
En el transcurso de esta segunda jornada, se espera que el fiscal a cargo del proceso solicite las respectivas medidas cautelares para los 21 investigados, con el fin de garantizar su comparecencia. Entre las herramientas legales disponibles, se prevé la solicitud de prisión preventiva para los principales implicados de la trama, además de la prohibición de salida del país y la retención de cuentas bancarias para asegurar una eventual reparación económica a favor del Estado ecuatoriano.
Durante la primera instalación, los abogados defensores intentaron frenar el proceso judicial argumentando supuestos vicios de nulidad. Señalaron que Progen fue notificada únicamente por correo electrónico y no en su dirección física internacional. No obstante, el magistrado a cargo rechazó estos pedidos de revocatoria, ratificando la validez jurídica de las notificaciones ejecutadas y subrayando que el legítimo derecho a la defensa de todos los investigados se encuentra plenamente garantizado en la sala.
Impacto de la crisis y perjuicio económico nacional
El trasfondo de este polémico proceso es el absoluto fracaso en la mitigación del déficit energético nacional. Los motores adquiridos y destinados a las centrales de El Salitral y Quevedo debían aportar megavatios cruciales para frenar los apagones, pero a un año de la adjudicación, los equipos presentan severas fallas operativas. Ante los reiterados incumplimientos, Celec únicamente ha logrado ejecutar una multa correspondiente al 5 % del contrato, recuperando apenas USD 4,9 millones de la aseguradora.
La culminación de esta audiencia de formulación de cargos marcará el inicio oficial de la etapa de instrucción fiscal. El sistema de justicia ecuatoriano tiene ahora la enorme responsabilidad de esclarecer estas graves irregularidades financieras, recuperar los recursos públicos comprometidos y determinar a los culpables definitivos en uno de los episodios de contratación pública de emergencia más opacos y perjudiciales ocurridos durante la actual crisis eléctrica.
