La Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad Requeridas por la Ley, en coordinación con la Agencia de Alguaciles Federales de Estados Unidos (U.S. Marshals), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE ERO) y la Subsecretaría de Migración, informó la captura del ciudadano ecuatoriano Víctor Manuel B. A. en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El detenido era requerido por la justicia ecuatoriana y registraba una sentencia ejecutoriada por el delito de abuso sexual.
La captura se realizó mediante una difusión roja de Interpol, mecanismo utilizado para localizar personas requeridas por autoridades judiciales de distintos países.
Según la información oficial, el ciudadano permanece bajo custodia de las autoridades competentes de Estados Unidos mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente para su deportación hacia Ecuador.
Investigación y sentencia
De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron el 7 de mayo de 2020 en Quito.
La investigación determinó que el ahora detenido fue declarado culpable del delito de abuso sexual cometido contra un niño de 10 años, identificado con las iniciales A. S. L. L., conforme consta en el proceso judicial.
El ciudadano figuraba como segundo más buscado a nivel provincial dentro del Programa de Violencia de Género, según la información difundida por las autoridades ecuatorianas.
Cooperación internacional
La Policía Nacional señaló que la detención fue posible mediante la coordinación entre instituciones de Ecuador y Estados Unidos, como parte de los mecanismos de cooperación internacional para ubicar a personas requeridas por la justicia.
Las autoridades indicaron que el proceso de traslado al Ecuador continuará conforme a los procedimientos legales establecidos entre ambos países.
La institución policial reiteró que mantiene acciones para localizar a personas con órdenes judiciales vigentes y ponerlas a disposición de las autoridades competentes.
El caso continuará bajo conocimiento de las entidades judiciales correspondientes hasta completar el proceso de retorno del detenido al país.
