Este domingo 3 de mayo de 2026, coincidiendo con el cierre del feriado nacional por el Día del Trabajador, el Gobierno de Ecuador dio inicio a un nuevo toque de queda en nueve provincias y cuatro cantones del país. La medida, que restringe la movilidad desde las 23h00 hasta las 05h00, busca contener el avance de grupos criminales.
Para ello se ejecutará la Operación IAD (Intervención, Afectación y Destrucción), liderada por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El fin de la jornada del feriado estuvo marcado por un masivo desplazamiento de ciudadanos desde los principales destinos turísticos hacia sus ciudades de residencia.
Toque de queda será por 15 días continuos
Ante la inminencia de la restricción, el sector comercial en las zonas afectadas adelantó el cierre de sus puertas antes de las 21h00. Las provincias sujetas a esta normativa hasta el 18 de mayo son: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos; además de los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.
El contingente militar inició su movilización cerca de las 19h20 desde la estación del tren en Durán. Un convoy compuesto por camionetas, tanquetas y buses avanzó por la avenida Nicolás Lapenti, bajo la vigilancia aérea de un helicóptero. Luego arribaron a las inmediaciones del hospital Enrique Ortega Moreira, desde donde se distribuyeron hacia ejes viales estratégicos y zonas identificadas con alta incidencia delictiva.
El brigadier general Mauro Bedoya, comandante del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales, confirmó que se han reforzado las operaciones militares a nivel nacional. Solo en el cantón Durán se encuentran desplegados cerca de 1.000 efectivos, mientras que a escala nacional la cifra supera los 35 mil uniformados asignados a las regiones bajo control excepcional.
Infracciones por no acatar la restricción de movilidad
Para garantizar el cumplimiento del toque de queda, las Fuerzas Armadas han incorporado el uso de drones equipados con cámaras y sensores. Estas unidades envían información en tiempo real a los puestos de mando, permitiendo una toma de decisiones ágil ante cualquier eventualidad.
El control se ejecuta de forma conjunta con la Policía Nacional, institución encargada de los procedimientos legales y sanciones en caso de infracciones a la restricción de movilidad. Este nuevo estado de excepción responde a una modificación en las estrategias de los grupos de delincuencia organizada, lo que ha motivado al Estado a priorizar intervenciones focalizadas en territorios críticos para garantizar la seguridad ciudadana.
