Varios asambleístas anunciaron acciones de inconstitucionalidad, pedidos de información y solicitudes de comparecencia frente a la disposición del contralor general del Estado, Mauricio Torres Maldonado, de restringir el acceso a las declaraciones patrimoniales juramentadas de los funcionarios públicos.
Los legisladores de oposición consideran que la máxima autoridad de la Contraloría se extralimita en sus funciones y que la medida podría vulnerar el principio constitucional de acceso a la información pública, la transparencia y el derecho ciudadano a fiscalizar.
Oposición anuncia medidas de control político ante restricción
Los asambleístas de la bancada Revolución Ciudadana (RC) Blasco Luna, Paola Cabezas y Luis Fernando Molina pedirán información oficial al contralor y solicitarán su comparecencia en el pleno de la Asamblea Nacional. Además de plantear una acción de inconstitucionalidad.
Luna, integrante de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, anticipó que impulsará el tema en la comisión para que el contralor explique las razones de la restricción y retire la medida, que, según afirmó, afecta la transparencia.
Críticas de la RC a la decisión unilateral del contralor
Paola Cabezas destacó que las declaraciones patrimoniales deben ser públicas para detectar posibles enriquecimientos ilícitos. Señaló que el contralor no puede tomar decisiones unilaterales que contradigan la ley, pues su función es garantizar la transparencia y no ocultarla.
Luis Fernando Molina advirtió que la modificación vulnera el derecho de acceso a la información pública y la transparencia, y que un reglamento no puede contravenir la ley ni la Constitución. Por ello, la RC analiza presentar una demanda de inconstitucionalidad.
PSC y excontralora subrogante cuestionan compatibilidad constitucional
Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), afirmó que la información es pública por disposición legal y que ninguna norma faculta a la Contraloría a exigir requisitos para consultarla, por lo que la decisión debería revocarse.
Valentina Zárate Montalvo, excontralora general del Estado subrogante, indicó que la discusión debe centrarse en si la exigencia es compatible con el derecho constitucional de acceso a la información, regido por el principio de máxima publicidad, y cuestionó si la medida cumple estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Contexto de denuncias y silencio de la bancada oficialista
Zárate Montalvo recordó que las declaraciones juramentadas están destinadas al escrutinio ciudadano y que la protección de datos no debe convertirse en un mecanismo para limitar ese acceso. Especialmente en un contexto de denuncias recientes contra el contralor Torres por supuestas contrataciones de familiares, conocidas precisamente a través de esas declaraciones.
En tanto, los legisladores de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) evadieron pronunciamientos. La presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome, señaló que "ese es un tema que le corresponde a la Contraloría General del Estado" y recomendó consultar directamente a la autoridad. El asambleísta Andrés Castillo indicó que "lo que el señor contralor general del Estado decida, es decisión de él".
