Más de veinte asambleístas ecuatorianos recibirán sanciones económicas por su ausencia en la primera sesión plenaria de junio de la Asamblea Nacional. El presidente del organismo, Niels Olsen, implementó un sistema informático para controlar la asistencia de los legisladores y garantizar el cumplimiento del deber legislativo. Este nuevo método sustituyó el registro manual y busca fomentar la responsabilidad y participación activa en el trabajo parlamentario.
Durante la sesión 007 del Pleno, celebrada este 3 de junio del 2025, los asambleístas debieron registrar su asistencia electrónicamente desde sus curules. Sin embargo, la Secretaría General de la Asamblea Nacional constató la presencia de 124 legisladores y la ausencia de 21.
Los ausentes deberán pagar una multa económica de 158,63 dólares, la cual será descontada directamente de sus salarios. Esta información se publicará periódicamente en la página web institucional para conocimiento de la ciudadanía.
El presidente Niels Olsen enfatizó que las sanciones buscan garantizar la puntualidad y el compromiso de los legisladores con sus responsabilidades. Los atrasos serán sancionados con multas de 55,52 dólares, mientras que las inasistencias injustificadas tendrán una penalización mayor. Esta normativa se basa en el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece la obligación de registrar la asistencia de manera electrónica.
Asamblea Nacional impondrá multas a los legisladores por inasistencias y retrasos desde junio
Transparencia en la Asamblea Nacional
Por su parte, el Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo reveló que durante la última legislatura, entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, los asambleístas pagaron un total de 52.000 dólares en multas por retrasos o ausencias injustificadas. Las legisladoras con más sanciones fueron Lucía Jaramillo, Nicole Saca y Mónica Salazar, todas del grupo oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), aunque Salazar pertenecía anteriormente al correísmo.
El sistema de curul electrónica elimina las inconsistencias que generaba el registro manual, facilitando el control por parte de la Contraloría General del Estado. Además, la publicación regular de los datos de asistencia busca promover la transparencia y la rendición de cuentas en la función legislativa.
El registro electrónico de asistencia se aplica desde el 1 de junio de 2025 en todas las sesiones plenarias.
