La jueza Inés Maritza Romero, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, convocó al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, a una audiencia de juzgamiento el 23 de agosto de 2025 a las 08h30, por una denuncia presentada por el abogado Néstor Marroquín. Mientras que la acusación, interpuesta el 28 de mayo, señala que Muñoz profirió expresiones en descrédito contra Marroquín, promotor de un proceso de revocatoria de su mandato, en un medio de comunicación el 22 de mayo, lo que constituiría una infracción penal contravencional de cuarta clase.

La denuncia de Marroquín se basa en el artículo 396, numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica las expresiones en descrédito o deshonra y establece una pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Según el demandante, las declaraciones de Pabel Muñoz, emitidas en el contexto de la campaña de revocatoria, reflejan un ambiente de confrontación entre los sectores que apoyan la gestión del alcalde y aquellos que impulsan su destitución. La jueza Romero dispuso que las pruebas deberán presentarse hasta tres días antes de la audiencia.

Disposiciones judiciales previas a la audiencia

En su citación, la magistrada advirtió que, si Pabel Muñoz no asiste a la audiencia, se ordenará su detención conforme al artículo 642, numeral 4, del COIP. Además, señaló que el incumplimiento de mandatos judiciales podría implicar una infracción penal tipificada en el artículo 282 del mismo código. Lo que refuerza la obligatoriedad de la comparecencia del alcalde.

El proceso judicial se desarrolla en paralelo al avance de la revocatoria de mandato contra Pabel Muñoz. Según Marroquín, se han recolectado aproximadamente 250.000 firmas, con el respaldo de nuevos colectivos ciudadanos que se han sumado a la iniciativa. Las rúbricas deberán entregarse al Consejo Nacional Electoral (CNE) el 15 de septiembre. Mientras que el 3 de octubre se presentarán todas las firmas recolectadas para su verificación. Este proceso, que busca evaluar la continuidad de Pabel Muñoz como alcalde, será resuelto en el ámbito constitucional. Todo esto, dependiendo de la validación de las firmas por parte del CNE.

Contexto legal y político

La controversia entre Pabel Muñoz y Marroquín refleja tensiones políticas en el Distrito Metropolitano de Quito, donde la gestión del alcalde ha generado posturas divididas. La revocatoria, un mecanismo contemplado en la legislación ecuatoriana, requiere un número significativo de firmas válidas para proceder a una consulta popular. Lo que representa un desafío logístico y político para los promotores. Mientras tanto, el proceso penal iniciado por Marroquín añade una dimensión legal a este conflicto, con posibles implicaciones para la imagen pública y la estabilidad política de la alcaldía.

La audiencia del 23 de agosto será un momento clave para determinar si las declaraciones de Pabel Muñoz constituyen una infracción penal. Y, si el caso avanza hacia una sanción. Por ahora, tanto el proceso judicial como la campaña de revocatoria mantienen la atención de la ciudadanía.