Camila León, representante azuaya en la Asamblea Nacional de Ecuador, presentó una iniciativa de Ley Orgánica de Repetición el 22 de agosto de 2025. El proyecto busca que el Estado recupere los recursos económicos que ha pagado debido a perjuicios causados por acciones u omisiones de funcionarios o exfuncionarios.
Esta propuesta se justifica por la necesidad de resarcir al erario público los daños ocasionados por dolo o culpa grave en el ejercicio de potestad pública.
Asambleísta propone recuperar fondos del Estado
La legisladora Camila León propone una ley para recuperar los recursos económicos del Estado. El proyecto busca que el Estado recupere los valores que ha pagado a particulares. Estos pagos se han originado por violaciones a sus derechos o por deficiencias en la prestación de servicios públicos.
La norma también aplica para acciones u omisiones en el desempeño de cargos de los funcionarios. Se enfoca en que los responsables reparen el daño económico.
El proyecto de Ley Orgánica de Repetición regula una figura legal. Esta permite al Estado recuperar el dinero de funcionarios. Aplica para quienes hayan causado perjuicios. Esto busca generar un sistema más justo. También busca una mayor responsabilidad en el uso de fondos públicos. La iniciativa es un paso para fortalecer la fiscalización. Es un mecanismo de control de recursos.
La propuesta regula la figura de repetición. Se busca que el Estado recupere los valores pagados. Esto se debe a los perjuicios causados por funcionarios. Es una forma de reparación patrimonial. El texto busca que los servidores públicos rindan cuentas por su gestión. Este es un tema sensible para la ciudadanía. La ley podría ser un avance importante.
Criterios de la nueva normativa
El artículo quinto del proyecto establece tres criterios para determinar responsabilidades. El primer criterio es la existencia de acciones u omisiones cometidas con dolo o culpa grave. El segundo es que haya una resolución definitiva que obligue al Estado a pagar a particulares. El tercero es un nexo causal entre la acción y el perjuicio. Estos criterios ayudan a identificar a los responsables.
La norma también establece requisitos para determinar el grado de responsabilidad. Esto aplica para las personas que causaron perjuicios. Se detallan las dos fases para hacer efectivo el derecho de repetición. La primera es la fase administrativa interna. La segunda es la fase jurisdiccional ante un juez. Cada fase tiene sus respectivas subfases. Esto asegura un proceso ordenado.
La legisladora informó que el proyecto también otorga a los servidores públicos la posibilidad de defenderse. Pueden hacerlo en varios momentos. Un servidor tiene la fase administrativa interna en su institución. Luego, una fase jurisdiccional ante un juez. Además, puede defenderse dentro de los juicios principales. Esto es previo al proceso de repetición. La norma busca ser justa para ambas partes.
