El alcalde Aquiles Alvarez, en su enlace radial semanal, denunció una presunta politización del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) que obstaculiza proyectos clave para la ciudad. Según Alvarez, procesos por USD 94 millones permanecen estancados en la plataforma de SERCOP, afectando la planificación urbana. “Todo depende del Gobierno, y ya sabemos cómo mira a Guayaquil”, expresó, criticando los retrasos.
Entre los proyectos afectados destaca la renovación de 18 parques, incluyendo el Clemente Yerovi en la ciudadela Kennedy, cuyo contrato espera aprobación en SERCOP. Álvarez advirtió: “Ojalá no lo suspendan”. Asimismo, la Terminal Terrestre Costa, con un avance del 68%, enfrenta incertidumbre por permisos gubernamentales, con apertura prevista para octubre. La obra, valorada en USD 60 millones, beneficiará a miles de viajeros.
Otro caso crítico es la Unidad Médica Municipal en Puná, lista para operar, pero paralizada por la falta de autorización de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS). Alvarez lamentó: “La gente sufre sin atención médica por decisiones políticas”. Esta situación refleja tensiones con el Gobierno central, que, según el alcalde, retrasa recursos y permisos.
En el ámbito de la seguridad, Aquiles Alvarez señaló que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) intentó frenar operaciones en la Casa Guayaca, un espacio de apoyo a víctimas especiales. “Avanzamos sin cobrar un centavo, pero ARCSA busca obstaculizar”, afirmó. Este centro, parte del Polifuncional DASE, ha atendido 320 casos en 2025, según datos municipales.
La movilidad también enfrenta retos en Guayaquil
La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) no puede usar radares por restricciones políticas, lo que, según Aquiles Alvarez, incrementa los siniestros viales. No obstante, la ATM avanza en un proyecto de señalización vial con USD 8 millones, cuya fase técnica está por culminar. Este plan busca mejorar la seguridad en las 2.246 rutas de buses urbanos que movilizan un millón de pasajeros diarios.
Por otro lado, la obra vial en la intersección de las avenidas del Bombero y Leopoldo Carrera, diseñada para aliviar el tráfico de 120.000 vehículos diarios, enfrenta un proceso administrativo. Alvarez defendió su legalidad: “Demostraremos que tenemos la razón”. Esta obra, con un costo de USD 12 millones, se enmarca en un plan de movilidad hasta 2028.
Según el Municipio de Guayaquil, la administración ha invertido USD 293 millones en obra pública desde julio de 2024, generando 57.000 empleos. Sin embargo, el alcalde denuncia que el Gobierno no paga a tiempo las rentas adeudadas, obligando al cabildo a operar con bonos. “A pesar de las adversidades, Guayaquil no para”, aseguró Alvarez en su enlace del 6 de agosto.
Antecedentes de tensiones políticas no son nuevos
En julio de 2025, la vicealcaldesa Tatiana Coronel denunció la revocatoria de permisos ambientales para el paso elevado en Los Ceibos, afectando 30.000 empleos. El Municipio reportó que esta obra, con USD 15 millones invertidos, quedó en pausa por disputas con el Ministerio del Ambiente. Álvarez calificó estas acciones como “persecución política”. Además, el Municipio enfrenta críticas por la falta de avances en proyectos como la Fluvia, un sistema de transporte fluvial prometido en campaña.
La Aerovía, diseñada para 40.000 pasajeros diarios, solo transporta 7.000, funcionando más como atractivo turístico. Alvarez reconoció estas limitaciones, pero insiste en que los bloqueos gubernamentales agravan los retos. En contraste, el Municipio ha logrado avances en otras áreas. La entrega de la solución vial en la avenida Juan Tanca Marengo, con un costo de USD 8 millones, mejoró la conectividad en el norte de la ciudad.
Asimismo, la Plaza San Francisco, renovada con USD 690.878, se perfila como un hito para el turismo. Finalmente, el alcalde expresó disposición para colaborar con el nuevo gobernador del Guayas, Humberto Plaza. “Es un peleador guayaco, y si necesita apoyo, aquí estamos”, afirmó.
