La Prefectura de Manabí interpuso una acción de protección contra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) tras la decisión unilateral de este último, comunicada el 2 de abril de 2025, de terminar anticipadamente el convenio de delegación de la gestión de la vía Portoviejo – Montecristi, firmado el 3 de febrero de 2006.

Ante esta situación, este 8 martes de abril, un juez constitucional aceptó una medida cautelar que obliga a Manabí Vial EP, empresa pública de la Prefectura, a mantener servicios de emergencia en la vía mientras se desarrolla la transición. La audiencia oral pública y contradictoria para tratar el fondo del asunto se ha fijado para el 15 de abril de 2025 en la Unidad Judicial de Montecristi.

«En tal razón, la Prefectura de Manabí y Manabí Vial EP, con el mismo compromiso de siempre, dará cumplimiento a lo resuelto por el juez y seguirá prestando todos los servicios de forma permanente en la vía delegada Portoviejo- Montecristi», detalló la entidad en un comunicado.

Historial de la delegación a la Prefectura

La decisión del MTOP de dar por terminado el convenio de delegación genera una fuerte reacción por parte de la administración provincial. El prefecto Leonardo Orlando expresó su sorpresa y molestia ante la medida, calificándola como un atentado contra la descentralización y el derecho de los manabitas al desarrollo autónomo. Según Orlando, la prefectura gestionó la vía por más de 19 años, desde que se revirtió la concesión inicial a un consorcio privado tras la presión ciudadana y la intervención de figuras políticas locales.

La vía Portoviejo – Montecristi, que forma parte de la red estatal E-30, es un eje fundamental para la conectividad de Manabí. La arteria une a varios cantones importantes. La delegación de esta carretera a la Prefectura se produjo durante la primera administración del prefecto Mariano Zambrano. Inicialmente, la vía fue entregada a un consorcio privado que realizó trabajos de ampliación y mejora, además de instalar peajes. Sin embargo, la administración provincial asumió la gestión, lo que implicó una indemnización al consorcio por su inversión.

Controversias y auditorías

La existencia del peaje en la vía Portoviejo – Montecristi siempre estuvo rodeada de controversia. Si bien algunos usuarios reconocían la calidad de la carretera, otros criticaban el estado de la vía y cuestionaban el destino de los fondos recaudados. En 2014, se solicitó una auditoría informática al sistema de cobro debido a supuestas irregularidades, como caídas del sistema y posibles desvíos de fondos. También se señaló que una parte significativa de la recaudación se destinaba a gastos administrativos.

La Prefectura defendió su gestión, argumentando que la reinversión de los fondos del peaje garantizaba que la carretera se mantuviera en el mejor estado posible dentro de la provincia. Sin embargo, el MTOP ahora alega un incumplimiento de las obligaciones por parte de la Prefectura, señalando un supuesto estado de abandono de la vía. El ministro Roberto Luque afirmó que la terminación del convenio busca garantizar un servicio adecuado a los usuarios y justificó la suspensión del peaje argumentando que los valores cobrados no se reflejaban en el estado de la carretera.

Tensiones políticas y descentralización

La disputa por la vía Portoviejo – Montecristi también tiene un trasfondo político para unos, y de gestión efectiva para otros. El prefecto Leonardo Orlando es defensor de la descentralización y en mayo de 2023 solicitó formalmente al MTOP la delegación de toda la red vial estatal de Manabí, petición rechazada. Este hecho generó críticas hacia el gobierno central por una supuesta postura centralista. En contraste, provincias como Guayas tienen competencia sobre su red vial, lo que intensifica el debate sobre la distribución del poder y las competencias en el país.

El proyecto de más «Poder Local» impulsado en Manabí durante varios años, busca que el Estado entregue más competencias y fondos a los organismos locales. La reciente decisión del MTOP de retirar la administración del único tramo vial delegado en la provincia profundiza esta discusión. Tras el anuncio de la terminación del convenio, el prefecto Orlando aseguró que se realizará un análisis jurídico y técnico para definir las acciones a seguir, reafirmando el compromiso de defender los derechos de la provincia.

Impacto en los trabajadores

La terminación del convenio no solo genera controversia, sino que también tiene un impacto directo en la comunidad. La suspensión del cobro del peaje en la estación Cerro Guayabal sorprendió a los transportistas. Algunos de estos expresan preocupación sobre el futuro mantenimiento de la vía. Además, unos 300 funcionarios de Manabí Vial enfrentan incertidumbre laboral tras la decisión del MTOP. El sindicato de obreros hizo un llamado al presidente para que reconsidere la medida, temiendo la pérdida de empleos por razones políticas.

Adicionalmente, 22 emprendedores que vendían sus productos en la estación de peaje también se ven afectados por la suspensión del cobro. La disminución del flujo de vehículos que se detenían a pagar reduce sus oportunidades de venta. Estos comerciantes informales, muchos de ellos con familias que dependen de sus ingresos diarios, ya están considerando buscar otras ubicaciones para continuar con sus negocios.

Acciones legales y futuro de la vía Portoviejo – Montecristi

Ante la decisión del MTOP, la Prefectura de Manabí recurrió a la justicia, presentando una acción de protección aceptada. La audiencia del 15 de abril será crucial para determinar el futuro de la administración de la vía Portoviejo – Montecristi. Mientras tanto, el MTOP anunció un plan de intervención de la vía con una inversión de tres millones de dólares, que incluye trabajos de reparación, señalización e iluminación. El ministro Luque aseguró que no se volverá a cobrar peaje hasta que la vía esté completamente reparada.

La Comisión Nacional Anticorrupción Núcleo de Manabí está de acuerdo con la decisión del MTOP. Argumentó una falta de mantenimiento adecuado por parte de la Prefectura en los últimos años. Sin embargo, existe en el ente un rechazo por restar autonomía a la provincia. Por otro lado, el prefecto Orlando insiste en que no existen razones legales para la terminación del convenio y denuncia una motivación política detrás de la medida.