La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional aprobó un informe integral sobre el derrame de petróleo ocurrido el 13 de marzo de 2025 en el sector El Vergel, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. El documento detalla los impactos ambientales, sociales y económicos del incidente y establece recomendaciones vinculantes para instituciones estatales. Todo esto con el objetivo de remediar los daños y prevenir futuros desastres.
El informe señala que Petroecuador incumplió la normativa ambiental al no mitigar ni restaurar adecuadamente los daños causados por el derrame. Entre las medidas propuestas, se exige la creación de una comisión técnica inclusiva para evaluar el estado del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y evitar nuevos incidentes. Además, Petroecuador deberá activar los seguros contratados para indemnizar a las comunidades afectadas. Además, presentar, junto al Ministerio del Ambiente, informes detallados en un plazo de 60 días sobre las acciones de remediación.
Seguimiento del caso
La legisladora Gissela Garzón destacó la incorporación de un enfoque de género en el informe, que demanda la participación de mujeres de las comunidades afectadas en los procesos de restauración. El presidente de la comisión, Patricio Chávez, enfatizó la necesidad de transparentar las acciones de las instituciones responsables. Mientras el legislador Franklin Samaniego subrayó que “el pueblo de Esmeraldas merece una respuesta clara y acciones concretas”.
El Ministerio de Salud fue instado a realizar un seguimiento médico especializado, con enfoque de género y edad. Con el objetivo de identificar enfermedades derivadas de la exposición al crudo y posibles casos de violencia asociados. El Ministerio del Ambiente deberá evaluar el impacto ecológico en áreas protegidas y analizar compensaciones para las comunidades afectadas. El informe, que aprobó la Asamblea Nacional, también recomienda acciones interinstitucionales para recuperar el sector turístico, apoyar a productores y pescadores locales, y evaluar suelos y aguas contaminadas.
Entre las propuestas del informe de la Asamblea Nacional destaca la implementación de un plan integral de reactivación económica para Esmeraldas. Con medidas como la entrega de bonos a poblaciones vulnerables y el fortalecimiento de mecanismos preventivos para evitar futuros derrames. Estas acciones buscan atender las necesidades inmediatas de la población y garantizar la sostenibilidad de la región a largo plazo.
Incidente ambiental
El derrame de petróleo en Quinindé, Esmeraldas, es parte de una serie de incidentes ambientales que han afectado a esta provincia. Es una de las más vulnerables de Ecuador debido a su dependencia de la pesca, la agricultura y el turismo. El terremoto de 2016 y los recurrentes problemas con el SOTE han agravado las condiciones de las comunidades locales, muchas de las cuales enfrentan pobreza extrema. La respuesta de Petroecuador, empresa estatal encargada del oleoducto, ha sido objeto de críticas por su lentitud y falta de transparencia en casos similares.
La aprobación del informe refleja el rol de la Asamblea Nacional en la fiscalización de desastres ambientales y la protección de los derechos de las comunidades afectadas. La inclusión de un enfoque de género responde a la necesidad de abordar las desigualdades que enfrentan las mujeres en contextos de crisis, mientras que las demandas de indemnización y reactivación económica buscan mitigar el impacto en una región históricamente desatendida. El cumplimiento de estas recomendaciones será clave para restablecer la confianza en las instituciones y garantizar la justicia ambiental en Esmeraldas.