Dos contratos para la generación de energía, en tierra en Salitral y Quevedo, están bajo la lupa de la Contraloría General del Estado.
Ambos procesos los llevó a cabo la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), informaron las autoridades de control.
La Contraloría señaló que, desde el viernes 13 de diciembre, se inició un examen especial sobre los dos contratos.
Por medio de esta diligencia se revisarán las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y pago de los contratos.
Ambos procesos se ejecutaron en el marco de la declaratoria de emergencia del sector eléctrico, por parte del Gobierno del Presidente Daniel Noboa.
No obstante, de los 29 generadores contratados por el Gobierno, únicamente han llegado 23 al país.
La Contraloría detalló que el período de análisis es del 1 de enero de 2023 al 12 de diciembre de 2024.
Esto, luego de los resultados arrojados por una verificación preliminar en la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).
Dicha institución informó que el resultado de las revisiones de la documentación determinó necesario llevar a cabo una acción de control.
Dos contratos los firmó y ejecutó la Celec
El examen especial de Contraloría investigará todas las fases del proceso de compra de generadores de energía en tierra.
Estos equipos que pesan decenas de toneladas cada uno, se adquirieron a la empresa estadounidense Progen Industries LLC, tanto para la planta de Quevedo, como para la de Salitral.
La investigación de Contraloría inició tras el incumplimiento en la entrega de los seis motores que faltan.
El restante de estos equipos lo confirmó la misma ministra (e) de Energía y Minas, Inés Manzano.
Durante una entrevista radial, la funcionaria de Estado aseguró que insistirán a la empresa «hasta que nos entreguen las cosas que deben entregarnos».
La llegada de los generadores es crucial para el Gobierno, que cuenta con ellos para afrontar la crisis energética en el país.
Según el anuncio oficial, desde el próximo viernes 20 de diciembre de 2024 los cortes de luz programados terminarán.
Por ahora, no hay certezas de cuándo estas máquinas estarán operativas. La ejecución de estos dos contratos le costaron al Estado ecuatoriano un total de 149 millones de dólares.
