Quienes califican el paro como terrorismo encubierto podrían tener razón.
En efecto, dejar sin servicios a ciudades y pueblos y atacar los medios de subsistencia de las personas mediante el cierre forzoso de comercios o el bloqueo de vías para impedir la circulación de vehículos que transportan alimentos o ambulancias, con el solo propósito de que nadie pueda comer, vender o atender su salud, no solo son actos despiadados, sino que, sencillamente, atentan contra la vida y bordean el terrorismo.
Lo que se observa, entonces, es que la violencia parecería la única arma para sustentar un reclamo. No se percibe que existan otras. Si esto es así, el paro indígena ha dejado de ser una protesta contra medidas que no agradan para convertirse en un rechazo total, sin importar los medios, al Gobierno. Esa es la lógica detrás del paro que se puede percibir.
Pero si a este paro se suman los ataques diarios y violentos de la delincuencia bárbara, el país vive un sobresalto sin nombre. Y, como si esto fuera poco, el rechazo de la Corte Constitucional —cualesquiera sean los motivos— a las leyes que el Gobierno ha concebido para combatir a los criminales y traficantes envía un mensaje claro: “defiéndanse como puedan y con lo que tienen”. En un estado de guerra como el que vivimos, eso es inadmisible. Walter Spurrier, reputado comentarista, escribe: “…La Corte Constitucional no se constriñe a frenar abusos del presidente ni a arbitrar conflictos entre Ejecutivo y Legislativo. Declara inconstitucionales leyes aprobadas en armonía entre presidente y Asamblea… A Lasso lo conminó a subir sueldos públicos carentes de financiamiento, echó abajo sus leyes económicas, dio paso a su destitución por cargos forjados… Las leyes de Noboa que la Corte Constitucional declara inconstitucionales disponían, entre otras cosas: 1) la evaluación de empleados públicos y destitución de los que no pasan la prueba; 2) la fusión de las juntas Monetaria y Financiera, para facilitar el manejo de crisis bancarias; 3) incautar bienes a los narcotraficantes y enjuiciar a los integrantes de las bandas. Además, le niega a Noboa preguntas de reforma constitucional que pretendía consultar…”.
Entonces, con un paro violento que bordea el terrorismo y la alta tasa de criminalidad que tiene sometido al país, la pregunta es: ¿por qué no se dota al Ejecutivo de herramientas para combatirlas?
