La Unión Nacional de Educadores (UNE) emitió un comunicado este lunes 6 de octubre en el que condena las agresiones físicas contra periodistas que cubrían las movilizaciones sociales del domingo anterior en Quito, así como la deportación del comunicador español-chileno Bernat Lautaro. El gremio rechazó además la reciente declaratoria de estado de excepción en 12 provincias, argumentando que esta medida resalta el autoritarismo del gobierno del presidente Daniel Noboa. Los hechos se enmarcan en un paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra la eliminación del subsidio al diésel, que ha generado protestas en al menos 12 provincias desde el 22 de septiembre.
El comunicado de la UNE, detalla que durante las manifestaciones del 5 de octubre en avenidas como 6 de Diciembre y Patria, periodistas como Esteban Cárdenas, de Ecuador Chequea y Wambra Radio, junto a un fotógrafo de Expreso, sufrieron empujones y la confiscación de equipos de grabación por parte de agentes policiales. Videos difundidos en redes sociales muestran a comunicadores con chalecos de prensa siendo dispersados con gas lacrimógeno. Los hechos, han sido documentados por organizaciones como Fundamedios e Inredh como un atentado a la libertad de expresión.
Represión en el marco del paro nacional
Además, la UNE expresó solidaridad con Bernat Lautaro, director del medio digital Pelofuego, detenido el 5 de octubre mientras transmitía en vivo las protestas y deportado esa misma noche sin proceso judicial aparente. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) reportó que la acción se basó en un informe reservado del Servicio Nacional de Migración, invocando el artículo 143 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que califica al periodista como “amenaza para la seguridad estatal”. Esta es la segunda deportación de Lautaro en 2025; en mayo, Panamá lo expulsó por “atentar contra el orden público” durante coberturas similares.
La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, justificó la medida el 6 de octubre al afirmar que Lautaro representaba una “amenaza para la seguridad”, sin detallar evidencias, lo que la UNE califica como “señal de persecución y censura”.
Antecedentes de las protestas sociales en Ecuador
El paro nacional, iniciado el 22 de septiembre, responde al Decreto Ejecutivo 126, emitido por Noboa para eliminar el subsidio al diésel y ahorrar 1.100 millones de dólares anuales, según el Ejecutivo. Esta decisión ha elevado el precio del combustible de 1,80 a 2,80 dólares por galón. La Conaie, junto a sindicatos como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la UNE, exige la derogatoria de la norma, la reducción del IVA del 15% al 12%, y mayor inversión en salud y educación.
Críticas al estado de excepción y criminalización social
En respuesta a la escalada, Noboa decretó el 4 de octubre el estado de excepción en 10 provincias (Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza), sumándose a Carchi e Imbabura, por “grave conmoción interna”. El Decreto 174 restringe la libertad de reunión las 24 horas y autoriza intervención militar por 60 días. La Corte Constitucional anuló medidas previas en cinco provincias el 3 de octubre, declarando su inconstitucionalidad por no cumplir requisitos de proporcionalidad.
La UNE denuncia que esta declaratoria, pese a las observaciones judiciales, agrava la criminalización del derecho a la protesta. El gremio acusa al gobierno de priorizar la militarización y propaganda de guerra sobre el diálogo. Protestar no es un delito, es un derecho”, afirma el comunicado, ratificando la participación de educadores en futuras acciones.
