La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) apelará ante la Corte Provincial de Justicia la decisión del juez David Patricio Suasnavas. El juez, el viernes 3 de octubre, denegó una acción de acceso a la información pública presentada contra el ministro de Salud, Jimmy Martin. La audiencia, realizada en la Unidad Judicial de Niñez y Adolescencia de La Mariscal, responde a la solicitud de la RC para obtener datos sobre la gestión del Ministerio de Salud. Esto incluye la reducción del presupuesto, desabastecimiento en hospitales y despidos de personal médico. La acción, presentada el 29 de agosto, busca fiscalizar al gobierno del presidente Daniel Noboa, según el legislador Luis Fernando Molina.
La RC sostiene que el Ministerio de Salud ha incumplido con la entrega de información solicitada en más de 45 requerimientos. Estos requerimientos están amparados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Molina denunció que las respuestas del Ministerio, cuando se han dado, han sido incompletas. Tienen errores y demoras de más de 60 días. Entre los datos solicitados están los informes técnicos que justifiquen la desvinculación de personal médico. También, el recorte de 1.200 millones de dólares al presupuesto de salud, el desabastecimiento en hospitales, la muerte de neonatos en el Hospital Universitario y el impago a servicios esenciales como alimentación, seguridad y limpieza.
Hoy la justicia constitucional NEGÓ el acceso a la información que solicitamos como @BancadaRC5 al @Salud_Ec:
➡️ Los criterios técnicos y notificaciones de los 321 médicos despedidos, con el pretexto de que es “información reservada”. FALSO.➡️ Los motivos del NO PAGO… pic.twitter.com/EqlV4uXEz5
— Luis Fernando Molina (@LFMolinaO) October 3, 2025
Nueva acción judicial
La RC también anunció que el 7 de noviembre se llevará a cabo una audiencia por una acción de protección presentada contra el ministro Martin y el presidente Noboa, debido a presuntas deficiencias en la política pública de salud. Esta acción aborda problemas como el desabastecimiento de insumos médicos, el no pago a servicios de diálisis y la precariedad en la atención hospitalaria. Molina destacó que estas irregularidades afectan directamente a la ciudadanía y requieren transparencia por parte del gobierno.
Un caso emblemático mencionado por el legislador es el despido de un cardiólogo en Carchi, quien tenía una evaluación de 97 sobre 100 puntos, según la portavoz del Ministerio, Carolina Jaramillo. Este hecho, junto con otros despidos de personal médico, ha generado cuestionamientos sobre los criterios utilizados por el Ministerio de Salud. Molina señaló que, aunque el Ministerio pidió diferir una audiencia programada para el 12 de septiembre, finalmente respondió entre el 10 y el 19 de septiembre. Sin embargo, la respuesta fue con información incompleta y desactualizada.
Contexto de la fiscalización
La Revolución Ciudadana, sin mayoría en el Pleno ni en las comisiones de la Asamblea Nacional, ha optado por la vía judicial para exigir transparencia al gobierno. La acción de acceso a la información se basa en la facultad de fiscalización que otorga la Ley Orgánica de la Función Legislativa, permitiendo a los asambleístas solicitar datos a entidades públicas. Sin embargo, la RC denuncia que el Ministerio de Salud ha calificado parte de la información como reservada. Esto obstaculiza el proceso.
El recorte presupuestario de 1.200 millones de dólares al sector salud ha sido uno de los puntos más controvertidos. Según la RC, esta reducción ha agravado el desabastecimiento en hospitales y afectado servicios esenciales. Además, los casos de muertes de neonatos en el Hospital Universitario y los impagos a proveedores de diálisis, alimentación, seguridad y limpieza han generado preocupación en la opinión pública.
Próximos pasos
La apelación ante la Corte Provincial de Justicia será el próximo paso de la RC para obtener la información solicitada. Mientras tanto, la audiencia del 7 de noviembre será clave para evaluar las presuntas deficiencias en la política de salud. La bancada correísta insiste en que el gobierno debe rendir cuentas sobre la gestión del sistema de salud, especialmente en un contexto de despidos y falta de insumos. El Ministerio de Salud no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la audiencia del 3 de octubre ni las acusaciones de la RC.
