La Asamblea Nacional aprobó este miércoles 1 de octubre, con 76 votos a favor, una resolución. Esta rechaza los actos de violencia registrados durante el paro convocado por la Conaie y los daños causados a la red de agua potable en Ibarra, Imbabura, epicentro de las manifestaciones y protestas. La moción, presentada por el asambleísta Fernando Jaramillo de la bancada oficialista ADN, condena las acciones que atentan contra la paz social, la seguridad ciudadana y el derecho humano al agua.
El pleno de la sesión n.º 045, con 143 asambleístas presentes, vivió un intenso debate. Este debate fue entre la bancada oficialista y la oposición, liderada por la Revolución Ciudadana (RC). La resolución obtuvo 64 votos en contra, principalmente de RC y algunos legisladores de Pachakutik, como Carmen Tiupul. Además, hubo tres abstenciones, incluidas del Partido Social Cristiano (PSC). El texto aprobado dispone que se notifique a la Presidencia de la República, al Gobierno Autónomo Descentralizado de Ibarra y a la Gobernación de Imbabura.
.@XavierOrdonezOk: “Los pueblos indígenas de nuestro país no son terroristas, nunca lo diremos y siempre defenderemos su integridad y su dignidad, pero los que se han adueñado del discurso de ser sus representantes, sí lo son y lo están demostrando” pic.twitter.com/Sd9g8ksTpF
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) October 1, 2025
Rechazo a la violencia y daños en Ibarra
La resolución, respaldada por la mayoría oficialista, condena los actos de violencia y los daños a bienes públicos y privados, destacando el ataque a la red de agua potable. Esto sucedió bajo el puente de Rumipamba, en la parroquia La Esperanza, cantón Ibarra. Este incidente, según el documento, constituye una grave afectación al derecho humano al agua y a la infraestructura estratégica del país. Se resaltó que las protestas fueron un factor crucial en estos eventos.
Fernando Jaramillo, representante de Imbabura, defendió la moción. Acusó a la oposición de liderar acciones para “desestabilizar al Gobierno”. Durante su intervención, presentó un video que, según afirmó, evidencia la participación de líderes de RC en la organización del paro. Esto generó gritos de rechazo desde la bancada correísta. “No es una protesta espontánea, sino una estrategia dirigida políticamente”, enfatizó Jaramillo.
.@aserranoLA6: “Nosotros condenamos los actos vandálicos, nosotros condenamos y ponemos en práctica el rechazo a paralizar un país, pero respetamos el derecho que tiene el pueblo a reclamar cuando siente que le agreden su bolsillo” pic.twitter.com/tsZN4vScmD
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) October 2, 2025
Tenso debate entre oficialismo y oposición
El debate, en el que participaron ocho legisladores, reflejó profundas divisiones. Esteban Torres (ADN) criticó los ataques a la fuerza pública, calificándolos como contrarios a la justicia indígena. Mientras tanto, Héctor Rodríguez (RC) denunció la represión policial, recordando la muerte del comunero Efraín Fuerez. Este hecho ocurrió en Cotacachi, Imbabura, durante los enfrentamientos. Rodríguez calificó este hecho como un posible crimen de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma. Las protestas fueron un elemento central del debate.
Viviana Veloz (RC) acusó al oficialismo de ignorar las demandas de los sectores indígenas y populares. Por su parte, Alfredo Serrano (PSC) señaló la “insensibilidad” de la resolución al no mencionar la muerte del comunero. Además, Andrés Guschmer (ADN) calificó a los responsables de los daños como “terroristas”, defendiendo la necesidad de proteger el acceso al agua. Finalmente, las protestas en el país continúan generando controversia en todos los niveles del gobierno.
Contexto del paro y las manifestaciones
El paro convocado por la Conaie responde a demandas sociales y económicas. Esto sucede en un contexto de creciente tensión política en Ecuador. Las protestas en Imbabura, donde se reportaron enfrentamientos con la fuerza pública, han generado impactos en sectores como la floricultura. Esto motivó una moción adicional de Nathaly Morillo (ADN) para respaldar a los productores afectados. Las acciones de protesta evidencian la gravedad de las demandas no atendidas.
