Sectores productivos se quejan por los ataques que reciben de quienes son parte del paro nacional. En Atuntaqui, provincia de Imbabura, por ejemplo comerciantes denunciaron que manifestantes no les permiten trabajar durante el paro nacional, mientras la CONAIE acusa persecución estatal.
Comerciantes denuncian coerción en Atuntaqui
Atuntaqui, reconocida por su industria textil y comercio, permanece paralizada una semana. Locales y fábricas cerraron ante la falta de insumos y las amenazas que aseguran recibir si intentan abrir. “Nos sentimos secuestrados en nuestra propia ciudad”, expresaron varios dueños de negocios que exigieron respeto a su derecho al trabajo y a la libre movilidad.
No es el único caso. En la red social X el activista Carlos Andrés Vera, mostró vídeos donde se observa a enmascarados desalojando a trabajadores de las fincas florícolas. “Esto no es paro ni protesta: es coerción, es delito”, afirmó Vera, al difundir las imágenes.
Además, en Ibarra, Otavalo y Cotacachi, la tarde de este viernes 26 de septiembre de 2025 se desarrollaron marchas en contra del paro. En los recorridos los ciudadanos pedían que los dejen trabajar. Hubo consignas para que terminen los bloqueos viales.
Aunque en esa provincia también se realizaron marchas a favor de la protesta. En Cotacachi, por ejemplo, protestaron ciudadanos pertenecientes a la UNORCAC filial de la FENOCIN. Los manifestantes recorrieron desde Pinsaqui a Otavalo pidiendo que baje el precio del Diesel.
CONAIE respalda el paro y denuncia persecución
Mientras tanto, la dirigencia de la CONAIE recorrió la Sierra Norte. Marlon Vargas, presidente de la organización, se reunió con el Pueblo Kayambi y los Kichwa de Otavalo.
La organización saludó la firmeza de “nuestros hermanos” y ratificó sus demandas: “Llamamos a la solidaridad y a las acciones por la libertad de nuestros detenidos”, indicó en un comunicado.
La CONAIE denunció la existencia de represión estatal. “Esta mañana, militares irrumpieron con bombas lacrimógenas y granadas en la parroquia La Esperanza, Imbabura”, señaló Vargas. “Responsabilizamos al gobierno de Daniel Noboa por estas agresiones contra comunidades que ejercen su derecho a la resistencia”.
Demandas de la movilización
Los dirigentes exigen la derogación del Decreto Ejecutivo 126, que eliminó el subsidio al diésel. El precio pasó de 1,80 dólares a 2,80 dólares, lo que según organizaciones sociales encarece la producción y transporte.
Otra exigencia es no criminalizar la protesta social. En las últimas 24 horas se reportaron más de 50 detenidos por bloqueos de vías y actos considerados vandálicos.También piden respetar la independencia de funciones del Estado, en referencia a las decisiones de la Corte Constitucional, que han sido cuestionadas durante la crisis.
Ciudades de la Sierra bajo presión
Las protestas se han concentrado principalmente en Otavalo, Quito, Tungurahua y zonas del oriente. En estos lugares, los cierres de vías han afectado el comercio, la producción agrícola y el transporte de bienes esenciales.
Atuntaqui se convirtió en un símbolo de la tensión, al ser una ciudad donde convergen las demandas indígenas y las quejas de un sector comercial que asegura perder miles de dólares en ventas.
La industria textil, motor económico local, ha paralizado su producción, lo que genera preocupación por la afectación a trabajadores y exportadores.
