El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador, el 26 de septiembre de 2025, aprobó la Ley de Fortalecimiento Crediticio con 77 votos, en medio de protestas de jubilados en Quito, tras un debate sobre reformas al sistema de seguridad social que permitirán al BIESS endeudarse y garantizar la sostenibilidad de los fondos.
Debate y votación final
Tras tres horas de discusión, la bancada oficialista de ADN logró que el proyecto de ley avanzara al aprobarse en un solo bloque, a pesar de la falta de respaldo total de la facción de Pachakutik, cuya alianza con el Gobierno muestra signos de fragilidad.
Legisladores amazónicos como José Nango y Fernando Nantipia apoyaron la iniciativa, mientras que Cecilia Baltazar votó en contra. Otros miembros, como Edmundo Cerda, votaron en blanco, y Carmen Tiupul y Manuel Choro estuvieron ausentes.
El presidente de la sesión, Diego Franco, explicó que la normativa permitirá al BIESS operar con instrumentos financieros como bonos y préstamos, bajo la intención de fortalecer los fondos del IESS.
Protestas y rechazo de jubilados
En los exteriores de la Asamblea, un grupo de jubilados se manifestó contra la ley. Henry Llanes, dirigente de uno de estos colectivos, advirtió que la normativa podría vender las carteras quirografaria, hipotecaria y prendaria a la banca internacional, poniendo en riesgo los recursos de los afiliados.
El grupo reclamó que casos como el del ISSPOL, donde se perdieron USD 920 millones, podrían repetirse si la ley se aplica sin control. La Policía instaló vallas metálicas para mantener la seguridad y evitar que los manifestantes se acercaran al edificio legislativo.
Por su parte, la bancada de Revolución Ciudadana (RC), liderada por Juan Andrés González, anunció que recurrirá a la Corte Constitucional una vez que la ley se publique en el Registro Oficial y sea sancionada por el presidente Daniel Noboa.
Postura oficialista y fundamentos de la ley
El legislador Diego Franco defendió la ley asegurando que no busca privatizar los recursos del IESS, sino garantizar la sostenibilidad de las prestaciones y jubilaciones. Su coidearia, Mishel Mancheno, explicó que los fondos actuales están en riesgo y que la normativa propone una solución estructural al sistema de seguridad social.
El PSC reconoció aspectos positivos, como la devolución de fondos previsionales, pero alertó sobre operaciones de reporto que podrían generar pérdidas. Otto Vera advirtió que un bono del Estado, en caso de ser operado con reporto, podría implicar una pérdida significativa de recursos del BIESS y afectaría a los jubilados.
El partido oficialista reiteró que la ley busca el fortalecimiento financiero del sistema y no la privatización, y que la sostenibilidad de las pensiones depende de la aprobación de esta normativa.
Contexto y relevancia
La Ley de Fortalecimiento Crediticio llega en un contexto donde el déficit presupuestario del Estado en 2025 alcanzó cerca de USD 11.000 millones, y el Gobierno busca financiamiento adicional a través del BIESS. La norma refleja tensiones internas en la alianza oficialista y genera debate sobre la protección de los fondos de los afiliados.
La decisión abre la puerta a mecanismos financieros que permitirían al IESS operar con bonos y endeudarse, con el objetivo declarado de asegurar la continuidad de las prestaciones sociales, pero también expone a cuestionamientos sobre el control y la gestión de los recursos públicos y privados dentro del sistema de seguridad social.
