El Gobierno de Daniel Noboa anunció este jueves 18 de septiembre de 2025 que quienes participen en actos de violencia, terrorismo o bloqueos ilegales durante el paro nacional convocado por la Conaie serán sancionados conforme a la ley vigente, en el marco de un estado de excepción que rige en varias provincias del país.

Estado de excepción y control policial

El comunicado oficial recordó que el Presidente de la República decretó el estado de excepción en zonas estratégicas, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y mantener el orden público. Bajo esta medida, las fuerzas policiales se desplegaron en ejes viales nacionales para impedir la instalación de cierres.

El ministro del Interior precisó que las operaciones incluyen controles preventivos en carreteras y puntos sensibles. El Ejecutivo subrayó que no se trata de represión, sino de aplicación estricta de la normativa. “Nadie está por encima de la ley”, señala el pronunciamiento.

Además, el Gobierno remarcó que las sanciones se aplicarán a quienes promuevan violencia organizada o intenten alterar el transporte y la libre movilidad de la población.

Posiciones frente a demandas sociales

En su pronunciamiento, el Ejecutivo rechazó lo que denominó presiones políticas, en referencia a sectores que exigen detener el proyecto minero de Quimsacocha, ubicado entre Cuenca y Azuay. Según el Gobierno, la decisión sobre este proyecto corresponde a las autoridades locales, no al Ejecutivo central.

El comunicado resaltó también que el Estado ha impulsado programas sociales como el Bono Raíces, además de inversiones en seguridad e infraestructura, con el fin de respaldar a las comunidades y reducir brechas sociales.

Asimismo, el Gobierno reiteró su compromiso de mantener el diálogo institucional con organizaciones sociales, pero aclaró que no aceptará condiciones que vulneren la estabilidad nacional.

Llamado a una Asamblea Constituyente

El Ejecutivo aprovechó el comunicado para invitar a la ciudadanía a participar en una Asamblea Constituyente, planteada como mecanismo democrático de transformación estructural. Según el Gobierno, este espacio permitiría canalizar reclamos sociales mediante el debate político y no mediante la presión en las calles.

Además, recordó que la consulta popular constituye la vía más directa para que la población recupere el poder de decisión, en consonancia con la propuesta de abrir escenarios participativos de alcance nacional.

El Gobierno cerró su pronunciamiento reiterando que continuará desplegando medidas de seguridad preventiva, garantizando tanto el derecho a la protesta pacífica como la obligación de salvaguardar la libertad de tránsito y la paz social.