El Comité de Ética de la Asamblea Nacional inició una investigación a legisladora Nuria Butiñá Martínez, integrante de la bancada Revolución Ciudadana (RC). El proceso nace tras una denuncia presentada por la asambleísta Mishel Mancheno, de Acción Democrática Nacional (ADN), que acusa a Butiñá de presunto cobro de diezmos a un exasesor.
La denuncia señala que Nuria Butiñá Martínez solicitó pagos extras al exasesorIván Darío Castro, a través de mensajes de WhatsApp, durante su labor en el despacho parlamentario entre mayo y agosto de 2025. Esto configura presuntas infracciones al artículo 127 de la Constitución.
Inicio formal del proceso en el Comité de Ética
El Comité de Ética, presidido por Johnny Lavayen (ADN), sesionó este 25 de agosto para conocer la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL). El CAL remitió el caso para que se inicie el procedimiento formal contra la legisladora Nuria Butiñá Martínez.
Tras la reunión, el presidente del Comité solicitó notificar a ambas partes para presentar pruebas dentro de un plazo de diez días. Además, programó audiencias para que denunciante y denunciada expongan sus argumentos, reforzando la transparencia.
Acusaciones específicas contra Nuria Butiñá
Iván Darío Castro, exasesor de Nuria Butiñá Martínez, afirmó que la legisladora le exigió entregar parte de su sueldo para gastos de comunicación y personal externo. También, denunció que recibió presiones para alterar una declaración juramentada con fecha retroactiva para obtener beneficios económicos.
Estas acusaciones generan gran expectativa en la Asamblea Nacional, ya que comprometen la ética y la legalidad en el ejercicio parlamentario. La investigación a legisladora Nuria Butiñá Martínez sigue un riguroso proceso para determinar responsabilidades.
Etapas y consecuencias del proceso
Cumplidos los plazos para la presentación de pruebas, el Comité de Ética analizará los elementos y elaborará un informe en un máximo de cinco días.
Este informe recomendará destitución o archivo del caso y será sometido a votación.
El informe se remitirá a la presidencia de la Asamblea Nacional, que fijará el proceso en el orden del día. Luego, se iniciará el juzgamiento con debate en el pleno. La decisión final sobre la legisladora Nuria Butiñá Martínez requerirá mayoría calificada, fortaleciendo la institucionalidad.