El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), bajo la dirección de Edwin Bedoya, ha trazado una hoja de ruta que contempla acciones políticas y sociales frente al gobierno de Daniel Noboa. El dirigente informó que la organización espera que el jefe de Estado cumpla su primer año en funciones para plantear una revocatoria del mandato, argumentando incumplimientos en las ofertas de campaña.
Bedoya sostuvo que el Gobierno ha tomado decisiones que impactan directamente en las condiciones de vida de los trabajadores, entre ellas la eliminación del subsidio al diésel, que ha derivado en movilizaciones sociales en varias provincias. A esto se suma el rechazo al llamado a consulta popular, que según el gremio constituye un gasto innecesario frente a las urgencias en salud, educación y empleo.
El dirigente, en entrevista con Manavisión Plus, también destacó que la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) ya advirtió que, una vez concluya el periodo de compensación, los pasajes de transporte público se encarecerán, afectando de forma directa a la ciudadanía.
Impacto de la eliminación del subsidio
Según el FUT, la eliminación del subsidio al diésel acarrea un efecto en cadena. Al encarecerse el combustible, aumentan los costos de producción y transporte, lo que repercute en los precios de la canasta básica y de los servicios. Bedoya enfatizó que el Gobierno traslada la responsabilidad a los municipios y alcaldías, cuando en realidad es el Estado el que ha generado esta situación.
El FUT sostiene que la medida no responde a un combate real al contrabando, sino a compromisos adquiridos con organismos internacionales. Bedoya recordó que en anteriores ocasiones se utilizaron argumentos similares para justificar alzas en las gasolinas extra y ecopaís, sin que aquello redujera el contrabando ni la inseguridad.
El dirigente alertó que, de mantenerse esta política, la precarización se profundizará. El encarecimiento del transporte, sumado a la falta de empleo y a un salario básico que no cubre el costo de la canasta familiar, golpeará con fuerza a los sectores más vulnerables.
Movilización y rechazo social
El FUT ha respaldado manifestaciones recientes en distintas regiones del país, como la marcha por el agua en Cuenca y protestas en la Sierra. Para Bedoya, las movilizaciones son una respuesta ciudadana ante medidas que deterioran la calidad de vida y que carecen de alternativas justas de compensación.
El sindicalismo advierte que el Gobierno prioriza sus relaciones con las cámaras empresariales, mientras que excluye al movimiento obrero de los espacios de diálogo. Esta falta de apertura ha limitado la construcción de consensos y ha incrementado la conflictividad social.
Bedoya afirmó que el FUT mantendrá la presión en las calles mientras no existan rectificaciones. A su criterio, el Ejecutivo incumple sistemáticamente las promesas de campaña, lo que constituye una causal legítima para impulsar la revocatoria del mandato en el tiempo previsto por la ley.
Crisis en municipios y asignaciones
Otro de los problemas abordados por el dirigente sindical es la falta de transferencias oportunas a los gobiernos locales. En ciudades como Manta y Rocafuerte, los trabajadores municipales acumulan meses de salarios atrasados, lo que agrava su situación económica y familiar.
Bedoya señaló que esta deuda no es reciente y que ha generado protestas constantes en varios cantones. Los retrasos, además, repercuten en la atención al IESS y en la prestación de servicios básicos, profundizando la precariedad en la administración local.
La situación se complica con el incremento del costo del diésel, ya que los municipios y prefecturas deben destinar más recursos al combustible para maquinaria y obras públicas, reduciendo la capacidad de inversión en proyectos y afectando directamente a las comunidades.
Postura frente a la consulta popular
En relación con la consulta popular convocada por el Ejecutivo para noviembre, Bedoya fue enfático en señalar que el FUT promoverá el voto negativo. La organización considera que las preguntas planteadas no atienden las necesidades urgentes del país y que la inversión de cerca de 80 millones de dólares podría destinarse a resolver problemas estructurales en salud y educación.
El FUT cuestiona que se consulten nuevamente temas que ya fueron rechazados en procesos anteriores, como el trabajo por horas o la presencia de bases militares extranjeras. Para el gremio, insistir en esos puntos refleja la desconexión del Gobierno con la realidad ciudadana.
Bedoya reiteró que destinar recursos a este proceso consultivo en medio de la crisis sanitaria, educativa y de seguridad constituye una muestra de insensibilidad política. La prioridad, dijo, debería ser fortalecer los servicios públicos, garantizar el empleo digno y recuperar la confianza de los ecuatorianos.
Revocatoria como salida política
El FUT plantea que, al cumplirse el primer año de gestión de Daniel Noboa, se active el mecanismo de revocatoria del mandato. La decisión estaría basada en el incumplimiento de promesas como no subir el precio de los combustibles, generar más empleo y fortalecer los sectores estratégicos.
Para Bedoya, este incumplimiento, sumado a la falta de diálogo y a las medidas económicas regresivas, legitima el recurso constitucional. Además, considera que la creciente movilización social y la unidad de distintos gremios fortalecerán este proceso.
El FUT confía en que, con el apoyo ciudadano, la revocatoria se convierta en una herramienta de defensa democrática frente a políticas que, según sostienen, privilegian a las élites económicas por encima del bienestar colectivo.
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