El Presidente Daniel Noboa ordenó, el 19 de agosto, que los jueces de la Corte Constitucional desalojen el edificio Tamagar en Quito, usado desde 2019. El Ministerio de Energía, a través de Nancy Uriarte, notificó a Jhoel Escudero, presidente de la Corte, la terminación del convenio de cooperación, exigiendo desalojo en un mes. Sin embargo, el 20 de agosto, Uriarte dejó insubsistente esta disposición, calmando la tensión inicial. Este episodio refleja la pugna entre Noboa y la Corte, tras suspensiones de artículos de tres leyes por demandas de inconstitucionalidad.

El convenio, renovado en 2024 por tres años, permite terminación por mutuo acuerdo, incumplimiento o fuerza mayor. El Ministerio justificó inicialmente el desalojo por necesidad de espacio post-fusión con Ambiente, citando decretos 60 y 94. Sin embargo, la retractación siguió, dejando el edificio en manos de la Corte Constitucional. La medida, aunque breve, generó incertidumbre entre jueces y personal.

Contexto de la pugna entre la Corte Constitucional y el Presidente

La orden de desalojo formó parte de un conflicto más amplio. El gobierno de Noboa choca con la Corte Constitucional sobre leyes, incluyendo medidas de seguridad. El edificio, crucial para las operaciones de la Corte, se convirtió en un punto focal. La demanda inicial, a pesar de la revocación posterior, destacó tensiones. La Corte, establecida en Tamagar desde 2019, había mantenido el espacio a través de inspecciones regulares y pagos.

La retractación del Ministerio llegó tras una reevaluación interna, pero el episodio subrayó la fragilidad de las relaciones institucionales. La Corte Constitucional continúa su trabajo, a pesar de la breve amenaza. La pugna por las leyes permanece sin resolver, con ambos lados entrenchados.

Implicaciones

Este evento, aunque de corta duración, señala problemas más profundos entre las ramas ejecutiva y judicial. El rol de la Corte Constitucional en revisar leyes es central, pero las acciones de Noboa reflejan frustración.

La disputa por el edificio, aunque resuelta, muestra el potencial para más conflictos. La independencia de la Corte está en juego, al igual que la agenda legislativa del gobierno. La revocación de la orden de desalojo no termina la tensión subyacente. Ambas instituciones deben navegar esto cuidadosamente. El público observa cómo se desplaza el balance de poder. (04)