Un exjuez ecuatoriano, identificado como Patricio V., fue condenado a 40 meses de prisión por otorgar de manera irregular un indulto presidencial a un recluso condenado por delincuencia organizada. La sentencia, emitida por un tribunal en Guayaquil, responde a la violación del Decreto Ejecutivo 265, firmado en 2021 por el expresidente Guillermo Lasso. Además de la pena privativa de libertad, el exmagistrado deberá pagar una multa de 5.640 dólares y una reparación de 12.000 dólares al Consejo de la Judicatura.
La Fiscalía General del Estado, liderada por la fiscal provincial de Pichincha, Mayra Soria, presentó el caso tras comprobar que Patricio V. liberó en enero de 2025 a Miguel Ángel L.. El preso no cumplía los requisitos establecidos en el decreto. Este documento permitía indultos para reducir el hacinamiento carcelario. Sin embargo, solo aplicaba para reclusos con enfermedades terminales o catastróficas y con sentencias ejecutoriadas, excluyendo delitos graves como delincuencia organizada.
Irregularidades en el proceso de indulto
El exjuez, quien ejercía en un juzgado de Guayaquil, había rechazado inicialmente el indulto de Miguel Ángel L. en diciembre de 2024. Sin embargo, según la fiscal Soria, cedió ante la insistencia del condenado. Además, otorgó la liberación a pesar de que la sentencia del recluso estaba en apelación, incumpliendo las condiciones legales. Este acto fue calificado como prevaricato, un delito que implica emitir resoluciones contrarias a la ley.
Patricio V. aceptó su responsabilidad y optó por un procedimiento abreviado, lo que permitió reducir su condena. Además de la prisión y las multas, el fallo judicial ordena al exmagistrado grabar un video público explicando las consecuencias legales de su conducta. Dicho material será publicado en la página web del Consejo de la Judicatura como medida de reparación simbólica.
Crisis carcelaria en Ecuador
El caso se enmarca en la crisis penitenciaria que Ecuador enfrentó entre 2021 y 2023, cuando más de 500 reclusos murieron en masacres carcelarias vinculadas a enfrentamientos entre bandas rivales. El Decreto 265, derogado el 22 de enero de 2025 por el presidente Daniel Noboa, buscaba aliviar el hacinamiento mediante indultos, pero su aplicación generó controversias.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) era responsable de evaluar los expedientes de indulto . La derogación del decreto marcó un cambio en la política penitenciaria, enfocada en fortalecer los controles y garantizar que los beneficios carcelarios cumplan con la normativa vigente. El Consejo de la Judicatura, como institución afectada, recibirá la reparación económica para fortalecer sus mecanismos de supervisión.
