En Santo Domingo, las 40 cámaras instaladas para sancionar a vehículos mal estacionados en zonas prohibidas, pasos peatonales y ciclovías dejaron de emitir fotomultas. La suspensión, vigente desde el 8 agosto de 2025, ha generado un debate nacional sobre el uso de radares y dispositivos electrónicos de sanción.
Las 40 cámaras en Santo Domingo siguen encendidas
La Ley de Integridad Pública, publicada en el Registro Oficial el 26 de junio de 2025, establece un plazo de 180 días durante el cual los municipios ecuatorianos no podrán emitir sanciones por exceso de velocidad ni otras infracciones detectadas mediante radares electrónicos o cámaras de tránsito. La normativa busca que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) revise la calibración de estos dispositivos y garantice su cumplimiento técnico y legal. Hasta diciembre de 2025, los radares operarán en modo preventivo, recopilando datos sin generar multas económicas.
En Santo Domingo, las 40 cámaras destinadas a sancionar vehículos mal estacionados en zonas prohibidas, pasos peatonales y ciclovías están inactivas para emitir multas. Esta medida responde a la disposición nacional, pero los dispositivos continúan monitoreando el tráfico para estudios de movilidad y seguridad vial.
El Ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, anunció en septiembre de 2024 que los 100 radares operados por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) también pasarían a modo preventivo, en espera de nuevas regulaciones. Esta decisión busca alinear el uso de tecnología con estándares de transparencia y precisión técnica.
Reforma legislativa para la prevención vial
En el ámbito legislativo, el asambleísta Steven Ordóñez propuso, durante el debate de las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial el 5 de agosto de 2025, modificar el artículo 30.2. Su propuesta busca que los sistemas electrónicos de tránsito prioricen la educación vial y la prevención de accidentes en lugar de generar ingresos por multas. “La educación es la clave para reducir accidentes y mejorar la seguridad vial”, afirmó Ordóñez.
La suspensión de fotomultas ha generado opiniones divididas. Conductores en Santo Domingo y otras ciudades consideran que la medida alivia la presión de sanciones percibidas como excesivas. Sin embargo, expertos advierten que la ausencia de multas podría incrementar la imprudencia al volante si no se acompaña de campañas educativas efectivas.
Realidades diversas en los municipios
La aplicación de la suspensión varía según cada municipio. En Durán, los radares retomaron operaciones en junio de 2024, pero fueron desactivados un mes después tras la intervención de la Autoridad de Tránsito por parte del Gobierno.
En Ambato, el contrato con la empresa Safeti, encargada de operar los radares, fue terminado en 2024. Carlos Toalombo, director de Movilidad y Tránsito de Ambato, señaló que el municipio solicitó un informe financiero a Safeti para reclamar el 1% de utilidades destinado a educación vial, pero la empresa reportó pérdidas en 2023, lo que generó cuestionamientos.
En Milagro, la Autoridad de Control de Tránsito confirmó que sus radares cuentan con calibración vigente, otorgada por un organismo acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana. En Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) opera 13 dispositivos municipales en modo preventivo, a la espera de las nuevas especificaciones técnicas de la ANT, previstas para diciembre de 2025.
Debate técnico y ético
El exasambleísta Galo Lara ha criticado el funcionamiento de los radares electrónicos, argumentando que su operación debe revisarse en dos dimensiones: técnica y ética. En lo técnico, resaltó la importancia de la calibración y certificación de los dispositivos para garantizar mediciones precisas. En lo ético, cuestionó si los radares cumplen con el objetivo de salvar vidas o si se han convertido en un mecanismo de recaudación económica.
Hasta diciembre de 2025, la ANT deberá emitir nuevas especificaciones técnicas para los dispositivos electrónicos de tránsito. Estas incluirán estándares de calibración, transparencia en la gestión de recursos y mecanismos para garantizar que los fondos recaudados se destinen a programas de seguridad vial.
Impacto en la movilidad en Santo Domingo
Aunque los dispositivos están en modo preventivo, siguen recopilando datos para estudios de movilidad urbana. En ciudades como Quito y Santo Domingo, esta información permitirá diseñar estrategias para reducir siniestros viales. La AMT reportó que, en 2022, los fotorradares en Quito registraron una reducción del 34% en sanciones, con 238.608 citaciones emitidas, equivalente a USD 20.6 millones.
La suspensión de las fotomultas en Santo Domingo ha abierto un espacio para reflexionar sobre el equilibrio entre control tecnológico y educación vial, un debate que continuará hasta que se implementen las nuevas regulaciones (21).
