La Ley de Transparencia Social, también conocida como Ley de Fundaciones, recibió una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. El proceso aún espera confirmación sobre su admisión.

El recurso lo presentó Carlos Hernán Heredia Fiallo en contra de la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República, señalando irregularidades graves en la normativa.

Argumentos contra la Ley de Transparencia Social

Heredia cuestiona toda la Ley de Transparencia Social “por incurrir en vicios de inconstitucionalidad insubsanables en su proceso de formación (…) debido a la flagrante violación del principio de unidad de materia, particularmente evidenciada por la inclusión de las Disposiciones Reformatorias Cuarta (materia tributaria), Quinta (materia minera) y Sexta (materia tributaria)”.

El demandante asegura que la inclusión de esos artículos rompe la coherencia de la normativa. Por ello, pide a la Corte que revise la constitucionalidad completa de esta Ley de Fundaciones.

Contenido y puntos polémicos de la Ley

La Ley de Transparencia Social otorga nuevas atribuciones a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). También ordena que el IESS perdone intereses de deudas a empresas públicas en liquidación.

Además, el punto más cuestionado corresponde a la creación de un impuesto a las utilidades no distribuidas de las empresas, lo que generó amplia resistencia en el sector empresarial.

Objetivos del gobierno de Daniel Noboa con la normativa

El Gobierno de Daniel Noboa sostiene que la Ley de Fundaciones busca regular las organizaciones no gubernamentales (ONG). El argumento oficial señala que algunas organizaciones sirven como mecanismos de lavado de dinero.

Esta iniciativa representó la cuarta propuesta de carácter económico urgente enviada por el presidente Noboa. Otras dos leyes similares, Solidaridad Nacional e Integridad Pública, también enfrentan demandas en la Corte Constitucional.