Un operativo migratorio realizado a inicios de esta semana en el barrio de Westlake, en Los Ángeles, dejó al menos 16 personas detenidas, luego de que agentes federales utilizaran una táctica encubierta denominada “Operación Caballo de Troya”, pese a que una orden judicial vigente prohíbe este tipo de redadas sin causa justificada en buena parte del estado de California.

Redada en Los Ángeles causa polémica

El operativo se desarrolló cerca de MacArthur Park, una zona densamente poblada por inmigrantes. Según testigos y reportes de medios locales, los agentes de inmigración se ocultaron dentro de un camión de mudanzas de la compañía Penske, simulando una actividad comercial rutinaria, hasta que descendieron del vehículo para realizar las detenciones.

Varias de las personas arrestadas se encontraban desayunando o esperando ofertas de empleo, sin antecedentes criminales conocidos. El método utilizado generó indignación entre líderes comunitarios, abogados de inmigración y defensores de los derechos civiles.

La empresa Penske, dueña del camión usado en la intervención, negó cualquier vínculo con el operativo, afirmando en un comunicado que “desconocía por completo el uso que se le daría al vehículo” y que no participa en actividades de control migratorio.

Orden judicial fue ignorada, denuncian abogados

La acción federal ocurre a pesar de que una orden judicial vigente impide detenciones migratorias basadas únicamente en perfiles raciales o étnicos, norma que fue ratificada recientemente por un tribunal federal. Esta decisión buscaba proteger a las comunidades inmigrantes de abusos o tácticas intimidatorias en zonas urbanas de California.

Organizaciones como el Centro Nacional de Ley de Inmigración (NILC) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) calificaron la operación como una “violación flagrante de los derechos civiles”, y anunciaron que presentarán una demanda para exigir explicaciones y garantías de no repetición.

Según voceros legales, la manera en que se ejecutó el operativo —ocultando a los agentes en un vehículo comercial— representa un engaño intencionado hacia la población civil, lo que podría derivar en sanciones judiciales si se comprueba que se violaron los parámetros establecidos por el fallo.

Administración federal defiende operativos

En respuesta a las críticas, funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump defendieron la acción de los agentes, señalando que “hacer cumplir la ley federal no es negociable“, y aseguraron que las personas detenidas “presentaban antecedentes penales”, aunque no se han presentado informes específicos sobre cada caso.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la ampliación de la infraestructura de detención migratoria, con la construcción de nuevos centros de detención destinados a albergar a inmigrantes con antecedentes graves. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que una base militar en Nueva Jersey podría utilizarse como instalación temporal, y que se prevé un nuevo centro de reclusión en Indiana, con características similares a la cárcel de alta seguridad de Alligator Alcatraz, en Florida.

Con estas medidas, el gobierno busca incrementar la capacidad de detención de 60,000 a 100,000 personas, en un contexto de endurecimiento de la política migratoria, particularmente en estados con alta población migrante como California, Texas y Arizona.

Reacción social: temor y movilización tras redada en Los Ángeles

La comunidad inmigrante de Los Ángeles ha reaccionado con temor y desconfianza. Organizaciones barriales, iglesias y colectivos de defensa de los derechos humanos realizaron asambleas informativas en Westlake para brindar apoyo legal y emocional a las familias afectadas por la redada.

“Estamos viendo tácticas que buscan intimidar y paralizar a una comunidad entera”, expresó Julia Méndez, abogada de inmigración, quien reiteró el llamado a documentar cualquier tipo de abuso o irregularidad en futuras intervenciones.

Mientras tanto, líderes locales y concejales de Los Ángeles han exigido mayor transparencia por parte de las agencias federales y el cumplimiento estricto de las restricciones judiciales.