La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad aprobó por unanimidad fiscalizar el proceso electoral de la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Propuesta por el asambleísta Gustavo Mateus, la resolución responde a denuncias de irregularidades, como vulneraciones a derechos colectivos y descoordinación institucional. La Comisión convocará al Ministerio de Trabajo, al Consejo Nacional Electoral, al Ministerio de Finanzas y a la Junta. La medida busca garantizar transparencia en el proceso electoral.
Gustavo Lara, de Artesanos de Corazón, expuso que la suspensión de las elecciones 2023–2025, vigente por 26 meses, dejó al gremio sin liderazgo legítimo. La pérdida de documentos electorales y la permanencia de autoridades caducas afectan al sector artesanal. Lara exigió reanudar las elecciones con legalidad para fortalecer la institucionalidad del gremio.
La Comisión de Garantías Constitucionales también abordará el caso de Fortunario Activos Digitales Cía. Ltda., que impacta a más de 6,000 ciudadanos. Víctor Erreyes, abogado, señaló que $8 millones permanecen bloqueados, pese a no hallarse responsabilidad penal. Pedro Yangol destacó el impacto de esta retención en ahorros familiares.
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La Comisión de Garantías Constitucionales y su labor fiscalizadora
La resolución exige información institucional y la comparecencia de gremios artesanales. La fiscalización busca esclarecer omisiones en las elecciones para garantizar un proceso transparente. La Comisión de la Asamblea Nacional prioriza la defensa de los derechos colectivos ante las denuncias presentadas.
Erreyes denunció la inacción de los liquidadores en el caso Fortunario. “La Fiscalía pidió su anulación, generando mayor incertidumbre jurídica”, afirmó Yangol sobre la sentencia que ordenaba devolver fondos. La Comisión investigará estas vulneraciones.
Compromiso con la transparencia
La fiscalización garantizará elecciones artesanales legítimas y la restitución de fondos de Fortunario. Los artesanos exigen liderazgo legal, mientras las víctimas buscan justicia económica. La Comisión de Garantías Constitucionales se comprometió a actuar con responsabilidad.
La Comisión de Garantías Constitucionales recopilará datos para esclarecer ambos casos. La situación requiere soluciones urgentes para restablecer la confianza ciudadana. La fiscalización busca proteger los derechos constitucionales de los afectados.
