Un tribunal de garantías penales de Quito sentenció a seis personas por su participación en un secuestro extorsivo ocurrido en septiembre de 2024, en el sector de Pifo. Los condenados, identificados como coautores y cómplices, recibieron penas de hasta 31 años de prisión tras una investigación liderada por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti 5). El caso involucró a un padre y su hijo, víctimas de agresiones físicas y amenazas para extorsionarlos por 12.500 dólares.
Detalles del caso
El 3 de septiembre de 2024, las víctimas viajaron desde el sector de El Inca, en el norte de Quito, hasta Pifo, tras coordinar la compra de un vehículo de alta gama anunciado en la plataforma Marketplace bajo el perfil “Naomy Betancour”. Al llegar al punto acordado, fueron interceptados por cinco personas armadas que descendieron de un vehículo negro. Los agresores cubrieron las cabezas de las víctimas con mascarillas y sábanas, las golpearon y las trasladaron a una vivienda donde permanecieron retenidas.
Durante el cautiverio, las víctimas sufrieron agresiones físicas y amenazas de muerte. Los captores, según el testimonio de una de las víctimas, consumían licor y drogas mientras las mantenían en un espacio reducido. Los secuestradores lograron extraer 500 dólares de las cuentas bancarias de las víctimas y exigieron transferencias adicionales bajo amenaza de asesinar al hijo.
Proceso de la investigación
En la mañana del 4 de septiembre, uno de los implicados, identificado como Jhordin Javier Ch. Ch., acompañó al padre a una entidad bancaria, donde se realizaron tres transferencias por un total de 12.000 dólares. Para evitar sospechas, el captor usó un terno negro y un buzo. Sin embargo, la Policía Nacional, que seguía los movimientos de los implicados, intervino en la vivienda donde se encontraba el hijo, logrando su rescate y la captura de los secuestradores.
La Fiscalía presentó 39 elementos probatorios, incluyendo pericias y testimonios, que demostraron la participación de los procesados. Como resultado, el tribunal impuso penas de 31 años de prisión a Jhordin Javier Ch. Ch. y Jorge Luis O. T., y 28 años a Junior José O. P. y Leisver Javier A. C., todos como coautores. Por su parte, Camila Alejandra L. V. y Jean Carlos L. C., considerados cómplices, recibieron 12 años de cárcel.
Consecuencias legales y reparación
Además de las penas privativas de libertad, los coautores deberán pagar una multa de 300 salarios básicos unificados, mientras que los cómplices enfrentan una sanción de 150 salarios básicos. El tribunal también ordenó una indemnización de 24.000 dólares a favor de las víctimas como reparación integral.
El delito de secuestro extorsivo está tipificado en el artículo 162 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de 13 a 16 años de prisión. En este caso, se aplicó el máximo de la pena debido a las torturas físicas y psicológicas sufridas por las víctimas, según lo dispuesto en el numeral 9 del mismo artículo.
Contexto del delito de secuestro
El secuestro extorsivo es un delito que ha generado preocupación en Ecuador debido a su impacto en la seguridad ciudadana. Casos similares han sido reportados en Quito y otras ciudades, a menudo relacionados con el uso de plataformas digitales para atraer a las víctimas. (MK)