El Tribunal de Juzgamiento del caso Reconstrucción de Manabí dictó una sentencia unánime contra Jorge Glas y Carlos Bernal, declarándolos coautores del delito de peculado. Los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Javier de la Cadena coincidieron en que ambos exfuncionarios públicos intervinieron de manera principal en la malversación de fondos destinados a la reconstrucción tras el terremoto de 2016. La audiencia, que duró más de tres horas el lunes 30 de junio del 2025, culminó con la imposición de la pena máxima de 13 años de prisión para ambos procesados.

Aunque ni Glas, como presidente del Comité de Reconstrucción, ni Bernal, como secretario técnico, firmaron los contratos cuestionados, el tribunal estableció que ambos coadyuvaron deliberada e intencionalmente en la ejecución del delito. Sus actos fueron esenciales para que la infracción se perpetrara, lo que los hace responsables directos del peculado analizado en el proceso judicial, señala un informe de diario El Universo.

Jorge Glas y Carlos Bernal: pena máxima y reparación económica millonaria

Además de la condena de prisión, el tribunal ordenó que Glas y Bernal paguen una indemnización conjunta de 250 millones de dólares al Estado ecuatoriano. Cada uno debe cancelar 125 millones en la cuenta estatal una vez que la sentencia quede en firme. Esta reparación económica cubre daños materiales e inmateriales causados a las víctimas del terremoto, principalmente en las provincias de Manabí y Esmeraldas.

La jueza Mercedes Caicedo explicó que esta suma no corresponde a las obras priorizadas, que resultaron innecesarias, sino al sufrimiento de las personas afectadas. Muchas víctimas no recibieron asistencia adecuada, carecieron de vivienda, salud y educación, y hasta la fecha solo cuentan con escuelas móviles en lugar de infraestructuras construidas con los recursos de la Ley de Solidaridad.

Subrayan que no se trata de un juicio político

La presidenta del Tribunal enfatizó que el caso no representa un juicio político ni una decisión motivada por influencias políticas. El dinero malversado no pertenecía a Glas ni a Bernal, sino al Estado y al pueblo ecuatoriano. Los fondos debían destinarse a las víctimas del terremoto, pero se desviaron para beneficiar a terceros, incluyendo familiares de Bernal.

Caicedo insistió en que la reparación debe enfocarse en las acciones concretas realizadas por los sentenciados, no en sus pensamientos o intenciones. La justicia busca resarcir el daño causado por el uso indebido de recursos públicos, que hasta hoy mantiene a las víctimas en situación de vulnerabilidad.

Impacto económico acumulado para Jorge Glas

Si la sentencia queda firme, Jorge Glas deberá sumar los 125 millones de dólares de indemnización a otras reparaciones económicas pendientes. En el caso Odebrecht Ecuador, Glas debe pagar más de 7 millones de dólares tras ser condenado por asociación ilícita. Además, enfrenta una reparación material de 778.224 dólares en el proceso por sobornos 2012-2016, donde fue declarado instigador del delito de cohecho pasivo agravado.

Estas cifras reflejan la magnitud del impacto económico que enfrenta el exvicepresidente, quien cumple condena en el Centro de Privación de Libertad La Roca desde abril de 2024.

Defensa critica la sentencia y anuncia apelación

Andrés Villegas, abogado defensor de Jorge Glas, calificó la sentencia como un golpe a la dignidad de la justicia penal ecuatoriana. Considera que no tiene sentido imponer 13 años de cárcel y una indemnización millonaria a una persona que, según su defensa, no pudo ser sujeto activo de un delito que ni siquiera existe.

Villegas cuestionó la forma en que se calculó la reparación integral de 250 millones de dólares. Señaló que la jueza ponente justificó la cifra con el monto de los contratos, pero aclaró que la indemnización se basa en el dolor causado a las víctimas. Para el abogado, esta metodología resulta arbitraria y no cumple con los parámetros establecidos por el Código Orgánico Integral Penal (COIP) ni por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que orientan cómo debe calcularse una reparación integral.

Finalmente, Villegas anunció que la defensa apelará el fallo de primera instancia y que el proceso judicial aún tiene varias fases por delante.

Contexto y antecedentes del caso Reconstrucción de Manabí

El caso se originó tras el terremoto del 16 de abril de 2016, que devastó las provincias de Manabí y Esmeraldas. El Estado destinó fondos a través de la Ley de Solidaridad para la reconstrucción y atención de las víctimas. Sin embargo, Jorge Glas y Carlos Bernal, en sus roles dentro del Comité de Reconstrucción, priorizaron obras que no respondían a las necesidades urgentes ni a la emergencia.

La Fiscalía General del Estado acusó a ambos exfuncionarios de usar indebidamente más de 200 millones de dólares, beneficiando a terceros, entre ellos familiares de Bernal. Durante el juicio, Glas y Bernal intentaron demostrar que no manejaron directamente el dinero ni firmaron los contratos, y que las obras formaban parte de un plan de reactivación económica.

Sentencia y consecuencias legales

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia concluyó que el delito de peculado se configuró por el abuso y uso indebido de fondos públicos. La pena máxima de 13 años de prisión refleja la gravedad del delito y la responsabilidad de los sentenciados.

Además, la condena incluye la pérdida de derechos políticos y la obligación de reparar económicamente al Estado.

Esta sentencia representa un hito en la justicia ecuatoriana, al sancionar con rigor a altos funcionarios por corrupción en la reconstrucción post-terremoto.