La empresa minera Hanrine Ecuadorian Exploration And Mining S.A. presentó una acción de inconstitucionalidad contra la tasa minera establecida por la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). La demanda, liderada por Carlos Miguel De Miguel III, gerente general de la compañía, cuestiona los artículos 1 y 2 de la resolución ARCOM-003/25, publicada el 20 de junio de 2025 y vigente desde el 1 de julio. Este paso marca la primera acción legal del sector minero tras advertencias sobre el impacto económico de la normativa.
La Corte Constitucional avocó conocimiento del trámite, verificando que no existe otra demanda idéntica en curso. La acción busca declarar inconstitucionales las disposiciones que establecen una tasa de supervisión y control para los titulares de derechos mineros. El cobro varía según la modalidad de minería y la extensión de las concesiones.
Detalles de la tasa minera
La resolución de Arcom establece que los titulares de derechos mineros deben pagar una tasa que oscila entre el 3% y el 100% de una Remuneración Básica Unificada (RBU), fijada en $470 para 2025. Esto implica un costo de entre $14,1 y $470 por hectárea concesionada, según el tipo de minería (pequeña, mediana o gran escala) y la fase del proyecto. La normativa contempla pagos semestrales para mediana y gran minería, así como para licencias de comercialización, y un pago anual para la pequeña minería. La minería artesanal está exenta de esta obligación.
El sector minero ha expresado su preocupación por el impacto económico de la tasa. Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería de Cuenca, señaló que un proyecto de mediana minería en exploración avanzada, con una concesión de 7.800 hectáreas, enfrentaría un costo de $1,4 millones anuales, lo que podría afectar los planes operativos de las empresas.
Reacciones y contexto
Pese a las críticas, el gobierno ha defendido la medida. Carolina Jaramillo, portavoz del presidente Daniel Noboa, afirmó el 30 de junio que la tasa minera está en plena vigencia y que su diseño considera la variabilidad según la fase del proyecto y el tipo de minería. “El impacto no es igual para todos los actores del sector”, aseguró Jaramillo. Además, destacó que la tarifa busca financiar la supervisión y control de las actividades mineras.
La acción de Hanrine podría tener implicaciones significativas para el sector minero ecuatoriano. Según la Cámara de Minería, al menos dos empresas más estarían preparando demandas similares, que podrían presentarse en los próximos días. Este movimiento refleja el malestar del sector ante una normativa que, según los empresarios, incrementa los costos operativos en un contexto de inversiones intensivas.
Un precedente en el horizonte
La resolución ARCOM-003/25 ha generado debate desde su publicación, ya que el sector minero argumenta que la tasa no fue suficientemente consultada y que su implementación podría desincentivar nuevas inversiones. Por su parte, las autoridades sostienen que los ingresos generados fortalecerán la regulación del sector, garantizando un control más efectivo sobre las actividades mineras.
El caso de Hanrine será un punto de referencia para futuras acciones legales en el sector. La Corte Constitucional, encargada de evaluar la constitucionalidad de la tasa, deberá determinar si los artículos cuestionados cumplen con los principios establecidos en la legislación ecuatoriana. Mientras tanto, el sector minero permanece atento a los desarrollos del proceso, que podrían redefinir las condiciones operativas en el país.
