El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, compareció el 25 de junio de 2025 ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en Quito, para detallar la crítica situación de la Función Judicial, explicando cómo la falta de jueces, infraestructura, presupuesto y tecnología obsoleta comprometen el servicio ciudadano y la lucha contra la criminalidad organizada.
Estado crítico de la función judicial
El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, expuso la grave situación del sistema judicial. Sostuvo que la falta de jueces y fiscales, la infraestructura en mal estado, la escasez de tecnología y un significativo déficit presupuestario han dejado a más del 50% de las unidades judiciales en estado “crítico” o en “alerta”. “Décadas de abandono, corrupción sistémica y la infiltración de redes criminales han erosionado la confianza pública y la institucionalidad”, afirmó Godoy.
Déficit de jueces y sobrecarga procesal
Actualmente, existe un déficit de 753 jueces en todas las materias. La mayor afectación se observa en los juzgados de lo Civil, donde se requieren 232 juzgadores adicionales. En el ámbito Penal, se necesitan 175 jueces más. Godoy manifestó: “La alarmante falta de jueces ha sumido a la Función Judicial en un colapso procesal insostenible.
La sobrecarga de casos genera retrasos severos, acumulación masiva de causas y fallos judiciales con margen de error elevado”. Además, el 38% de las judicaturas carece de personal, enfrentando sobrecarga procesal y altos riesgos por el crimen organizado.
Infraestructura y tecnología obsoleta
La infraestructura judicial también muestra un deterioro considerable. El 50.6% de las 245 edificaciones judiciales se encuentra en estado crítico. De estas, 124 están en esta situación. Otras 87 edificaciones (35.51%) se hallan en estado regular, y solo 34 (13.88%) están en buen estado. En términos económicos, la Función Judicial registra un déficit presupuestario de 200 millones de dólares. El deterioro tecnológico es igualmente preocupante.
El 73% de los servidores no posee vigencia tecnológica, y el 84% de los equipos de redes están descontinuados. Solo hay un 37% de almacenamiento disponible.
Lucha contra la corrupción y reformas propuestas
Pese al complejo escenario, el Consejo de la Judicatura mantiene su firme labor en la lucha contra la corrupción. Durante esta administración, se han sancionado con destitución a 99 servidores judiciales. Entre ellos, se encuentran 54 jueces y 11 fiscales, por actuaciones que comprometieron la integridad del sistema. La Judicatura continuará con la depuración de malos elementos. Por ello, se plantean reformas al Reglamento de la Potestad Disciplinaria.
Se propone dar continuidad a los procesos disciplinarios relacionados con funcionarios que ya han renunciado. Esto ya se aplica, pero no está normado. En casos de dolo, negligencia o error inexcusable, se plantea desarrollar una audiencia pública. Esta se haría a solicitud de los servidores sumariados. Así, se otorga al proceso una dimensión oral y contradictoria. Además, se busca reforzar el cómputo de los plazos de prescripción. También, se busca establecer reglas claras sobre su interrupción y suspensión.
