La Unión Nacional de Educadores (UNE) lanzó una dura crítica al Gobierno nacional y al Ministerio de Educación por lo que califican como un “abandono sistemático del sistema educativo” en medio del aumento sostenido de la violencia contra docentes en Ecuador. A través de una carta pública, dirigida a la ministra Alegría Crespo,  la UNE solicita declarar en emergencia nacional la educación y exige la implementación de un plan de reinserción escolar.

En la misiva firmada por Gabriela Menéndez, presidenta de UNE–Guayas, y Andrés Quishpe, presidente nacional del gremio, se relatan al menos ocho casos de renuncias documentadas en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), directamente relacionadas con amenazas o hechos violentos. “¿Desde cuándo es normal que un maestro renuncie para proteger su vida?”, cuestionan los dirigentes gremiales.

Crónica de una violencia sistemática en las aulas

Los líderes de la UNE advierten que no se trata de hechos aislados, sino de una crisis estructural agravada desde 2024. Señalan que los maestros están expuestos a secuestros, extorsión, asesinatos e intimidaciones dentro y fuera de los centros educativos. La falta de reacción estatal, denuncian, ha sido respondida con comunicados oficiales que “minimizan o niegan” los datos presentados por el gremio.

Entre los hechos más graves relatados por la UNE se encuentran:

• Tres profesores secuestrados en Guayaquil

• Una docente asesinado en Machala

• Una maestra baleada en su plantel en Esmeraldas

• Una pareja asesinada frente a una escuela en Rumiñahui

• Un profesor en Quito desaparecido y luego encontrado sin vida

• Más de 200 denuncias de amenazas y extorsión recogidas por la UNE

A pesar de esta realidad, critican que la ministra haya dicho que “exageran” o que sus cifras “no son reales”.

Educación insegura, futuro en riesgo

Los dirigentes recuerdan que más de cuatro millones de estudiantes integran el sistema educativo ecuatoriano, pero el programa ‘Comunidades Educativas Seguras y Protectoras‘ solo alcanza al 12% de ellos. “¿Y los otros 3,5 millones? ¿Y los docentes, y sus familias?”, preguntan en la carta. También cuestionan que los programas anteriores, como ‘Aulas Seguras’, fracasaron por excluir a la comunidad educativa de su diseño. “No pedimos favores. Exigimos seguridad, justicia y dignidad para seguir educando”, subraya Menéndez.

La UNE plantea que sin condiciones dignas ni seguras para enseñar, la educación deja de ser un derecho y se convierte en una actividad de alto riesgo. Aunque los programas del Gobierno central han fortalecido la seguridad en muchas instituciones mediante patrullajes, capacitación, protocolos y presencia policial, sus alcances siguen siendo limitados. Si bien los resultados hasta ahora muestran avances en zonas focalizadas, la magnitud del problema —denuncias masivas, renuncias de docentes, extorsión— exige escalar estas acciones a nivel nacional y combinar medidas preventivas con presencia institucional efectiva.

La denuncia de la UNE pone en evidencia una crisis de seguridad que desborda las calles y alcanza a las aulas. Mientras el Ministerio de Educación habla de cifras y cobertura, los docentes hablan de miedo, amenazas y muerte. La pregunta sigue vigente: ¿quién cuida a quienes enseñan?