El Ministerio del Trabajo anunció la reforma al Acuerdo Ministerial MDT-080-2024, que regula la contratación colectiva en el sector público. Los cambios, consensuados con representantes de los trabajadores, buscan establecer topes salariales, evitar privilegios y garantizar la sostenibilidad fiscal, según explicó la ministra Ivonne Núñez. Las nuevas disposiciones incluyen límites al amparo de los contratos, un dictamen presupuestario obligatorio y la intervención de un Tribunal de Conciliación en caso de desacuerdos.

La reforma, que contiene ocho artículos, responde a la necesidad de evitar acuerdos millonarios que afecten las finanzas públicas. Entre los cambios más relevantes está la exclusión de los líderes sindicales de los beneficios de los contratos colectivos, una medida que, según Núñez, busca prevenir abusos. Además, los contratos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos, con un dictamen del Ministerio de Finanzas que deberá emitirse en un plazo máximo de 30 días.

Principales cambios en la reforma

Los contratos colectivos ahora estarán limitados al personal sujeto al Código de Trabajo, excluyendo a quienes no cumplan con la calificación de régimen laboral emitida por el Ministerio del Trabajo. Asimismo, se establecen parámetros claros para la negociación y suscripción de estos acuerdos, con el objetivo de garantizar transparencia y equidad. En caso de no llegar a un acuerdo tras el plazo de negociación, el director regional de Trabajo convocará un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, cuya resolución será de cumplimiento obligatorio.

Otro aspecto clave es el dictamen presupuestario. Anteriormente, el Ministerio de Finanzas tenía 15 días para emitir su informe; ahora, el plazo se extiende a 30 días. “Esta disposición garantiza el respeto al derecho constitucional a la contratación colectiva, evitando dilaciones injustificadas”, señala el documento oficial. Si no se emite un dictamen favorable, el contrato no será aprobado, asegurando que los acuerdos no comprometan la estabilidad fiscal.

Control y Veeduría

Para garantizar el cumplimiento del acuerdo, cualquier irregularidad será reportada al Ministerio del Trabajo y a la Contraloría General del Estado . En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y sus entidades, el control recaerá exclusivamente en la Contraloría. Además, las organizaciones sindicales podrán designar veedores para supervisar los procesos de selección de personal, aunque solo tendrán voz, sin derecho a voto.

La reforma también establece que, en caso de incumplimiento, se iniciarán procesos administrativos para sancionar a las partes responsables. Esta medida refuerza el compromiso del Gobierno con la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Reforma de contratos colectivos 

La contratación colectiva en el sector público ha sido un tema sensible en Ecuador, debido a casos de acuerdos que generaron cargas financieras insostenibles. Según el Ministerio del Trabajo, las reformas buscan equilibrar el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente con la responsabilidad fiscal del Estado. La ministra Núñez destacó que los cambios fueron discutidos con los sindicatos, asegurando que no se trata de una imposición, sino de un esfuerzo conjunto por mejorar la equidad en el sector público.

Antecedentes

En los últimos años, los contratos colectivos han generado controversia por beneficios percibidos como excesivos, especialmente en instituciones públicas con altos presupuestos. En 2024, el Acuerdo Ministerial MDT-080-2024 estableció un reglamento para regular estos procesos, pero su implementación reveló vacíos que permitían abusos.