El 13 de mayo de 2025, Maicol Antonio G. M., sentenciaron a 18 años de privación de libertad por su participación en los delitos de secuestro, extorsión y transporte de armas. Hechos cometidos en mayo de 2024 en el sector Comité del Pueblo, norte de Quito. La Fiscalía General del Estado demostró su culpabilidad por extorsión, y el Tribunal Penal impuso una multa. Debe pagar aproximadamente 56.000 dólares, considerandoy el pago de 500 dólares como reparación integral a la víctima.
Los hechos ocurrieron el 25 de mayo de 2024, cuando un hombre de 58 años, cuya identidad no ha sido revelada. Salió de su domicilio en su vehículo para llevar a su hermana y sobrina a su hogar y sufrió un secuestro extorsivo. Horas después, su esposa comenzó a recibir mensajes de desconocidos que informaban que su esposo había sido secuestrado y exigían una extorsión de 3.000 dólares para liberarlo con vida, solicitando el pago mediante una transferencia bancaria.
Temiendo por la seguridad de su esposo, la mujer transfirió 500 dólares como parte del rescate exigido. Sin embargo, decidió denunciar el hecho ante las autoridades. La Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) de la Policía asumió la investigación y, tras rastrear las comunicaciones, identificó un inmueble en el sector Comité del Pueblo, una zona residencial del norte de Quito, como el lugar donde la víctima estaba retenida.
El operativo policial por extorsión
La Unase ejecutó un operativo en el inmueble, donde aprehendió a Maicol Antonio G. M. en delito flagrante. Durante la intervención. Los agentes confirmaron que el procesado mantenía a la víctima privada de su libertad y transportaba un arma de fuego, lo que derivó en un segundo cargo penal por transporte de armas. La víctima de secuestro y extorsión fue liberada y el sospechoso fue trasladado a una unidad judicial para el inicio del proceso penal.
En la audiencia de juicio, la Fiscalía General del Estado presentó un sólido conjunto de pruebas para demostrar la responsabilidad de Maicol Antonio G. M., como coautor de los delitos de secuestro y extorsión y transporte de armas, en concurso real de infracciones, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Los elementos de convicción incluyeron: Pericias que confirmaron la presencia del arma de fuego y su uso en el delito.
La defensa del acusado no logró desvirtuar las pruebas presentadas por la Fiscalía. El Tribunal Penal, tras valorar el sustento probatorio, emitió la sentencia condenatoria el 13 de mayo de 2025, imponiendo 18 años de privación de libertad, la multa de 112 salarios básicos y la reparación integral de 500 dólares a favor de la víctima. Esto por secuestro y extorsión.
Contexto de secuestros extorsivos en Quito
El secuestro extorsivo es un delito que ha incrementado en Quito, particularmente en sectores como el norte de la ciudad, donde barrios como Comité del Pueblo han registrado casos de criminalidad. Según datos de la Policía, en 2024, los secuestros exprés y extorsivos aumentaron un 10% en la provincia de Pichincha. Impulsados por bandas que aprovechan la vulnerabilidad de las víctimas para exigir pagos rápidos. En delitos de extorsión.
La Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) ha sido clave en la resolución de estos casos, utilizando tecnología de rastreo y operativos tácticos para liberar a las víctimas y capturar a los responsables. Sin embargo, la presencia de armas de fuego en estos delitos. Como en el caso de Maicol Antonio G. M., refleja la creciente peligrosidad de las organizaciones delictivas en la capital. Estos actos de extorsión son investigados.
Este caso contrasta con otros hechos violentos recientes en la región costera de Ecuador. En Manabí, el 12 de mayo de 2025, Jeremy Josué Bazurto Pico (21 años) y Alex Pincay (18 años) fueron asesinados en una balacera en Eloy Alfaro, Manta. El 13 de mayo, Jhon Alexander Cuenca Cabezas (18 años) murió en un ataque similar en Montecristi, en un delito de extorsión.
En Santa Elena, el 14 de mayo, un operativo contra un secuestro extorsivo dejó siete presuntos delincuentes y un agente policial muertos. Aunque el caso de Quito no involucró un enfrentamiento armado. Esto tras la exigencia de un rescate y el uso de un arma de fuego muestran patrones similares de violencia organizada. (27)
