En Ecuador, tres de cada diez titulares de créditos registran atrasos en sus pagos, con el crédito de consumo liderando los niveles de morosidad, según cifras oficiales. Este panorama ha incrementado las demandas judiciales por parte de acreedores, generando preocupación en las personas por la cantidad de deudas acumuladas. La situación resalta la importancia de conocer los derechos y deberes de ambas partes.

Cuando un deudor incumple, los acreedores inician la cobranza extrajudicial, contactando al deudor mediante llamadas para negociar el pago de cuotas vencidas o refinanciar la deuda. Si no hay acuerdo, se pasa a la cobranza judicial, donde se interpone una demanda para exigir el pago, explica César Coronel Garcés, gerente de defensadeudores.ec. Las demandas se notifican personalmente mediante tres boletas entregadas por un citador judicial, conforme al Código Orgánico General de Procesos.

Las personas deben mantener la calma al recibir la demanda

Coronel aconseja a los deudores mantener la calma al recibir una demanda, evitar negociar directamente con el acreedor, actuar dentro de los plazos cortos del proceso y buscar asesoría legal especializada. “Toda deuda tiene solución, pero es crucial actuar a tiempo con un abogado experto”, enfatiza. Los acreedores pueden iniciar acciones judiciales desde el primer atraso, evaluando factores como el historial de pago, el monto adeudado y las garantías, informa revista Vistazo. 

Las consecuencias de no atender una demanda incluyen el embargo y remate de bienes, lo que subraya la necesidad de una defensa oportuna. El contexto económico ecuatoriano, marcado por desafíos como la inflación y el desempleo, contribuye a la morosidad, especialmente en créditos de consumo, que suelen destinarse a gastos cotidianos. Según datos recientes, la alta morosidad refleja dificultades financieras generalizadas, afectando a miles de hogares.

El sistema legal ecuatoriano protege tanto a deudores como a acreedores. Los primeros tienen derecho a que se respeten las condiciones pactadas del préstamo, mientras los segundos pueden exigir el cumplimiento del pago. Sin embargo, la falta de educación financiera y la presión económica complican el cumplimiento de estas obligaciones. Organizaciones como defensadeudores.ec promueven la asesoría legal para evitar desenlaces graves, como la pérdida de patrimonio.

Se evalúa cada caso por las deudas de las personas

La cobranza judicial no tiene un plazo fijo; depende de la decisión del acreedor, quien evalúa cada caso individualmente. En muchos casos, los deudores desconocen sus opciones legales, lo que los lleva a decisiones apresuradas. Coronel insiste en que una defensa adecuada puede incluir negociaciones para reestructurar la deuda o proteger bienes, siempre que se actúe dentro de los plazos establecidos.

Este escenario pone en relieve la necesidad de políticas públicas que fomenten la educación financiera y el acceso a soluciones para deudores. Mientras tanto, los expertos recomiendan a los afectados revisar sus contratos de crédito, documentar toda comunicación con acreedores y buscar apoyo profesional para enfrentar demandas. La morosidad, aunque creciente, no es un problema sin salida, siempre que se tomen medidas informadas.

El aumento de demandas judiciales por deudas en Ecuador refleja un desafío estructural que requiere atención tanto de las autoridades como de los ciudadanos. La asesoría legal y la planificación financiera serán clave para mitigar el impacto de la morosidad en el 2025.