En los reasentamientos de Portoviejo, construidos tras el terremoto de 2016, la inseguridad se ha apoderado de sectores como San Alejo, donde bandas delincuenciales estarían desplazando a los propietarios legítimos. Así lo reveló la Policía Nacional tras un operativo ejecutado hace un mes. “Se presume que estos domicilios están siendo ocupados por personas que se dedican a cometer delitos y que, obviamente, están desplazando a los verdaderos dueños”, detalló entonces Augusto Naranjo, jefe de la Policía en Manabí. 

En el reasentamiento de San Alejo, la Policía intervino 60 viviendas a mediados de mayo, decomisando droga y vehículos robados. Además, se detuvo a 14 personas, cuatro de ellas con boletas de captura por delitos graves como asesinato y tráfico de armas. Naranjo señaló que algunos beneficiarios habrían subarrendado sus viviendas, pero en la mayoría de los casos, los delincuentes desalojan a las familias a la fuerza. “No tenemos un registro actualizado, lo que complica el control en estos sectores”, admitió. El uniformado destacó la necesidad de coordinar con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) para actualizar los registros y evitar que estos complejos se conviertan en “guaridas de delincuentes”.

Un habitante de al ciudadela San Alejo describió la situación como “demasiado riesgosa”. Afirma que los grupos criminales controlan no solo el reasentamiento, sino también calles adyacentes en sectores como Los Cerezos y Fabián Palacios. “Han encontrado armas y droga; es una situación peligrosa”, expresó, bajo anonimato por temor a represalias.

La violencia golpea en los barrios

En la parroquia Picoazá, Carlos Gines, presidente del Colectivo Ciudadano, expresó su preocupación por los reasentamientos de la parroquia: María Asunción y Virgen de Guadalupe. “Hemos venido sufriendo problemas sociales terribles. Antes, en Picoazá, las disputas eran verbales, pero ahora hay hechos lamentables”, lamentó. Gines criticó la falta de controles previos a las reubicaciones y pidió a las autoridades realizar censos exhaustivos para evitar la llegada de personas vinculadas a actividades delictivas. También señaló rumores sobre desplazamientos forzados, aunque aún no cuentan con pruebas concretas.

El fenómeno no es exclusivo de Manabí. En Guayas, cantones como Durán y Guayaquil enfrentan problemas similares, con bandas como Los Tiguerones y Los Choneros controlando viviendas para actividades ilícitas. 

En Portoviejo, los reasentamientos de El Guabito, San Alejo y Picoazá (Virgen de Guadalupe y María Asunción) albergan a más de cien familias cada uno, pero la falta de escrituras definitivas complica la situación, señaló la Policía. “Recordemos que estas casas fueron entregadas luego del terremoto, pero hasta el día de ahora no se han alcanzado los dueños a obtener las escrituras. Al contrario, están siendo desplazados, como les digo, por personas que se dedican a cometer ciertos delitos”, explicó Naranjo. La Policía aseguró que, en conjunto con las Fuerzas Armadas, extendería los operativos a otros complejos habitacionales de la provincia. El objetivo es proteger a las familias y evitar que estos espacios sean ocupados por delincuentes.

Anuncian operativos

Desde ese anuncio ha pasado un mes, pero no se ha dado mayor información. De hecho, El Diario solicitó información al Miduvi sobre la cantidad actual de familias en los reasentamientos y la entrega de escrituras. Sin embargo, se indicó que la información la estaban únicamente manejando con el Ministerio del Interior y la Policía por temas de seguridad. El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, confirmó haber tratado el tema hace unos días en la mesa de seguridad provincial liderada por la Gobernación de Manabí, pero tampoco dio mayores detalles. Por su parte, la gobernadora Aurora Valle se limitó a decir que los resultados se verán en su momento. 

“Yo creo que hay que ser un poquito coherentes y prudentes para la información (…)  Entendamos que en el tema seguridad se necesita de bastante prolijidad en lo que vayamos a decir porque no solamente pones en riesgo a otras personas, también nos exponemos como autoridades. Ya llegará el momento en que se lo va a hacer (operativos)”, dijo la funcionaria. 

Mientras tanto, la comunidad de Picoazá teme que la inseguridad afecte sectores turísticos como el Cerro de Hojas-Jaboncillo, pues en la parroquia se planifica la construcción de un nuevo reasentamiento. Gines instó a las autoridades a tomar medidas preventivas para evitar que la delincuencia tome estos lugares.