El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite una denuncia contra Luisa González y Diego Borja, excandidatos presidencial y vicepresidencial de la Revolución Ciudadana, por presunta infracción electoral grave. La acusación, presentada por el ciudadano Marcos García, señala que ambos realizaron actos de precampaña electoral, violando el artículo 278, numeral 7, del Código de la Democracia. El juez Ángel Torres resolvió archivar la denuncia contra Borja, pero mantuvo el proceso contra González. La audiencia de prueba y alegatos está fijada para el 1 de julio de 2025 a las 10:00.

La denuncia se basa en actividades promocionales que, según el demandante, constituyen campaña anticipada, una práctica prohibida por la normativa electoral ecuatoriana. Este caso surge en el contexto de las elecciones presidenciales de abril de 2025, donde González buscó la presidencia frente al actual mandatario, Daniel Noboa. 

Denuncia ciudadana

El Código de la Democracia establece que los actos de campaña deben realizarse dentro de los plazos oficiales, y cualquier actividad previa puede ser sancionada como infracción grave. En este caso, la denuncia ciudadana apunta a eventos y publicaciones atribuidos a González que promovían su candidatura antes del período permitido. Aunque la acusación contra Borja fue desestimada, el proceso contra González sigue adelante, lo que podría derivar en sanciones como multas, suspensión de derechos políticos o incluso la destitución de cargos públicos, si los hubiera.

Por su parte, el TCE, encargado de resolver controversias electorales, ha sido objeto de críticas por su manejo de casos similares. Algunos sectores señalan que las decisiones del tribunal podrían estar influenciadas por intereses políticos. Este caso,  ha generado debate sobre la equidad en la aplicación de las normas, especialmente tras señalamientos de que otras figuras políticas han realizado actos similares sin consecuencias.

Desarrollo del proceso

El juez Ángel Torres, a cargo del caso, notificó a las partes sobre la admisión de la denuncia y la programación de la audiencia. Durante esta, se presentarán pruebas y argumentos para determinar si González incurrió en la infracción señalada. 

Además, el caso ha reavivado discusiones sobre la regulación de las precampañas en Ecuador. Expertos electorales señalan que la falta de claridad en las normas puede generar interpretaciones ambiguas, afectando tanto a candidatos como a ciudadanos. En el pasado, casos similares han resultado en sanciones económicas, pero también en absoluciones, dependiendo de la evidencia presentada. 

La admisión de esta denuncia ocurre en un momento de alta polarización política en Ecuador. La Revolución Ciudadana, liderada por Rafael Correa, ha cuestionado la imparcialidad del TCE, alegando que el proceso contra González busca debilitar su movimiento.