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El caso se remonta al 23 de septiembre de 2025, cuando se realizó la audiencia de calificación de flagrancia contra trece detenidos por el ataque al Comando Policial de Otavalo.
El alcalde de Guayaquil reaccionó en redes sociales asegurando que seguirá trabajando ante lo que llamó “burda persecución”.
El caso investiga el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de combustibles. Se ha señalado un perjuicio al Estado que supera los 61 millones de dólares.
