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Tres jueces recibieron sanciones disciplinarias en Ecuador luego de aprobar detenciones arbitrarias con denuncias de maltrato y demoras injustificadas.
El caso investiga el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de combustibles. Se ha señalado un perjuicio al Estado que supera los 61 millones de dólares.
Las protestas en Ecuador generan escasez de combustibles en Carchi e Imbabura, donde estaciones cerradas y bloqueos agravan la crisis por la eliminación del subsidio al diésel.
En un documento oficial, el fiscal a cargo del caso solicitó una audiencia de revisión de medidas ante el Tribunal competente, argumentando que el alcalde de Guayaquil incumplió con la presentación.
Renovación Total (RETO) y el Partido Social Cristiano (PSC) han propuesto alternativas y cuestionado la falta de claridad sobre el uso de los recursos recaudados.
