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Seis militares en servicio pasivo, entre ellos un exministro de Defensa y un médico, enfrentan cargos por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La diligencia se desarrolla en Quito, con el objetivo de determinar responsabilidades en una operación estatal que violó derechos humanos, según la teoría del Ministerio Público.
Tras una década de dilaciones, la Corte Nacional de Justicia inicia el juicio por delitos de lesa humanidad contra seis exmilitares por torturas y desapariciones durante el gobierno de León Febres Cordero en 1985.
