Abel Gómez, gerente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte de Pasajeros del Ecuador (FENACOTIP), reveló que el margen de utilidad del sector del transporte público ha caído un 50% debido a la crisis económica, el alza de combustibles y la inseguridad, en una entrevista con eldiario.ec, donde planteó medidas para evitar un impacto en las tarifas.

Una crisis que golpea al transporte público

La transportación pública de pasajeros en Ecuador enfrenta una reducción drástica en sus ingresos, según Abel Gómez, gerente de FENACOTIP. En diálogo con eldiario.ec, explicó que la utilidad del sector ha disminuido en un 50%, afectada por factores como la crisis económica, el incremento en el precio del diésel y la inseguridad que reduce la movilización de pasajeros. “La ocupación por viaje, que antes era de 20 a 25 pasajeros, ahora se ha reducido a 10 o 12”, afirmó Gómez, destacando el impacto en las operadoras.

La inseguridad, aunque con una leve disminución en asaltos, sigue siendo un obstáculo. Problemas como extorsiones o “vacunas” persisten, desincentivando el uso del transporte público. Gómez señaló que, tras el proceso electoral, FENACOTIP planea retomar mesas de trabajo con el Gobierno Nacional para abordar estas dificultades, con un enfoque prioritario en la situación económica del sector.

El precio del combustible y el IVA

Uno de los principales problemas económicos es el costo del diésel, que pasó de $1.47 por galón en 2021 a $1.80 en 2025, incluyendo el IVA. Esto representa un incremento de 35 centavos por galón, que afecta directamente a los transportistas. Gómez explicó que esta situación, combinada con la baja ocupación, genera un “impacto terrible” en la economía del sector.

Para mitigar esta crisis, FENACOTIP propone dos soluciones: revisar las tarifas o implementar compensaciones tributarias. Entre las medidas sugeridas está la exoneración del IVA en insumos como diésel, llantas, carrocerías y chasis, similar a lo que ocurre con el transporte urbano. “Con reducir el IVA, no exigiremos una tarifa que impacte al pueblo”, aseguró Gómez, enfatizando que el objetivo es evitar un alza significativa en los pasajes.

Diálogos con el Gobierno y propuestas legislativas

Gómez detalló que FENACOTIP ha presentado tres veces un proyecto de reformas al Código Tributario en la Asamblea Nacional, pero los intentos han sido infructuosos. La propuesta incluye que el Estado asuma el 50% de exoneración en tarifas para grupos vulnerables, como adultos mayores y niños, una carga que actualmente recae en los transportistas.

El dirigente hizo un llamado al Presidente de la República para que, mediante iniciativa ejecutiva, se impulse un estudio que compense al sector y evite un aumento en las tarifas que afecte a los ciudadanos. “Si no se toman medidas, el impacto en la tarifa será fuerte”, advirtió, destacando que la inflación y otros costos operativos agravan la situación.

Seguridad y tecnología: GPS como solución

En materia de seguridad, Gómez afirmó que el uso de radares para el transporte público es cosa del pasado. En su lugar, se implementará un sistema de GPS para monitorear las unidades, con normativa ya establecida. Estos dispositivos controlarán aspectos como rutas, estacionamientos y la seguridad de los pasajeros mediante botones de pánico y cámaras.

Sin embargo, la instalación de GPS enfrenta un obstáculo: los costos. La plataforma T42, seleccionada por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), cobra $20 mensuales más IVA, con costos adicionales que elevan el total a unos $28-$30. FENACOTIP ha solicitado una revisión de estos precios, argumentando que son inaccesibles para los transportistas. Gómez espera que el proceso se resuelva en las próximas semanas, permitiendo la instalación de los dispositivos.

Beneficios de los GPS para el transporte público

Los GPS no solo mejorarán la seguridad, sino también la calidad del servicio. Según Gómez, permitirán identificar a conductores que cumplen o incumplen las normativas, además de agilizar respuestas ante emergencias. “Si un bus activa el botón de pánico y la ANT o el ECU 911 no responden, nosotros como Federación lo haremos”, afirmó.

El sistema también garantizará la formalidad del servicio, controlando rutas y horarios para beneficio de los usuarios. Gómez subrayó que, pese a los costos, el sector está comprometido a cumplir con la ley, pero insiste en precios justos para los dispositivos.

Contexto relevante:

El transporte público en Ecuador ha enfrentado retos estructurales agravados por la pandemia, la inseguridad y la inflación. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la inflación acumulada entre 2021 y 2024 superó el 10%, impactando los costos operativos del sector. Además, el aumento del diésel, regulado por el Gobierno, ha sido un factor constante de presión para los transportistas, quienes operan con tarifas reguladas que no siempre reflejan los costos reales.