Sentencia por pornografía infantil Machala. El Tribunal de Garantías Penales de Machala condenó a Byron S. a 26 años de prisión por pornografía infantil, además de multas y reparaciones económicas a las víctimas.
En Machala, El Oro, el 1 de octubre de 2025, el Tribunal de Garantías Penales sentenció a Byron S. a 26 años de prisión por el delito de pornografía con niñas, niños y adolescentes (NNA). La Fiscalía obtuvo la condena tras presentar pruebas de almacenamiento y producción de material de abuso sexual infantil (MASI), mientras que los jueces impusieron una multa de 1.000 salarios básicos unificados y una reparación integral de 7.000 dólares para cada víctima.
Detalles de la detención e investigación
Byron S. fue detenido la madrugada del 3 de octubre de 2024 durante un operativo de Fiscalía con apoyo de la Policía Nacional y Our Rescue, en un inmueble de Machala.
La Unidad Nacional Especializada en Ciberdelito de Fiscalía determinó que el sentenciado almacenaba MASI en Google Fotos. Inicialmente se identificaron dos víctimas, familiares del agresor, y posteriormente se descubrió una tercera víctima mediante varios videos producidos por el agresor.
Las tres víctimas fueron localizadas y evaluadas por la Unidad de Peritaje Integral, rindiendo su testimonio anticipado sobre los continuos abusos sexuales sufridos.
Pruebas presentadas en juicio
Durante la audiencia, el Fiscal del caso presentó múltiples pruebas:
Pericia informática a dispositivos móviles con material ilícito
Pericia antropológica e identificación de víctimas
Informe de cotejamiento fisonómico
Valoraciones psicológicas y de trabajo social
Testimonios anticipados
Certificaciones de proveedores de Internet
Informes de vigilancia y seguimiento
Reportes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC)
El Tribunal acogió todas las pruebas, declarando la culpabilidad de Byron S. en el delito imputado.
Información jurídica
El delito de pornografía con utilización de NNA está tipificado en el artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La Fiscalía procesó este caso conforme al tercer inciso del artículo mencionado.
La sentencia refleja el compromiso del sistema judicial ecuatoriano por proteger a los menores y sancionar delitos de abuso sexual infantil, destacando la labor interinstitucional de Fiscalía, Policía y organismos especializados (5).
