La Fiscalía General del Estado procesa a Jorge B., Jesús C. y Milton E. por su presunta participación en el delito de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tras un operativo ejecutado en Portoviejo, donde fueron aprehendidos con 5.700 gramos de droga, motivo por el cual un juez dictó prisión preventiva.
Operativo y hallazgo de sustancias ilícitas
El caso se originó a partir de información reservada obtenida por la Policía Nacional, que alertaba sobre el uso de un terreno baldío como presunto punto de acopio de sustancias ilícitas.
Las primeras indagaciones permitieron identificar movimientos constantes de tres personas que ingresaban y salían del lugar, lo que motivó la ejecución de un operativo policial.
Durante la intervención, los sospechosos intentaron huir, pero fueron interceptados por los agentes, quienes encontraron en su poder una funda plástica con seis paquetes que contenían una sustancia vegetal similar a marihuana.
Evidencias y elementos de convicción
Tras la aprehensión, los ciudadanos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía para el inicio del proceso judicial correspondiente.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el Fiscal presentó varios elementos de convicción, entre ellos el parte informativo, versiones de los agentes aprehensores y el informe de inspección ocular técnica.
Además, se incluyó el levantamiento de evidencias que comprendía la sustancia incautada y tres teléfonos celulares, considerados relevantes dentro de la investigación.
Resultado del pesaje y destino de la droga
El acta de pesaje y verificación confirmó que la sustancia decomisada dio resultado positivo para marihuana, con un peso total de 5.700 gramos.
Según información de la Policía Nacional, la droga estaba destinada al microtráfico en Portoviejo y cantones aledaños, lo que refuerza la hipótesis de distribución local.
Estos resultados fueron incorporados como parte de los indicios presentados ante la autoridad judicial.
Medidas judiciales y base legal
El Juez de Garantías Penales acogió los elementos expuestos por la Fiscalía y dispuso prisión preventiva para los tres procesados, al considerar justificada la medida.
Asimismo, ordenó el inicio de la instrucción fiscal por un plazo de 30 días, debido a que el caso fue calificado como delito flagrante.
El proceso se sustenta en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. En su inciso primero, literal d), correspondiente a gran escala, establece penas de 22 a 26 años de privación de libertad.
