Fernando M. P., fue sentenciado a seis años y ocho meses de cárcel como autor del delito de uso doloso de documento falso por el Tribunal de Garantías Penales. Los hechos se registraron el 6 de agosto de 2018 en las instalaciones de la Empresa Pública Municipal de Hábitat y Vivienda de Rumiñahui, ubicada en Sangolquí, donde presentó una oferta falsa para adjudicarse un importante contrato de vivienda social.
Fernando M. P., acudió en representación del Consorcio Constructores Asociados Internacionales, integrado por las empresas "Enlace Ferroviario Internacional S.A." y "Gallo Meda S.A.", de las cuales era apoderado. Presentó una oferta que contenía dieciséis documentos, de los cuales trece incluían firmas falsificadas del ciudadano C. A. A. M., según determinó el perito grafotécnico.
El contrato
El 15 de septiembre de 2018 el consorcio obtuvo la adjudicación del contrato para el proyecto "Ciudad el Rosario", que contemplaba la construcción de 1.923 viviendas de interés social y prioritario. Entre los documentos presentados figuraba una carta de crédito por 30 millones de dólares, cuya autenticidad fue desmentida por la entidad bancaria.
El Fiscal presentó durante la audiencia de juzgamiento el testimonio del perito grafotécnico, quien confirmó que las rúbricas no correspondían gráficamente ni morfológicamente al denunciante. También se incorporaron testimonios de exgerentes de la Empresa Pública Municipal de Hábitat y Vivienda, quienes detallaron el proceso de licitación y la falsedad de la carta de crédito.
Uno de los exfuncionarios explicó que se publicó un llamado a inversionistas en un diario de circulación nacional y que catorce personas retiraron las bases, de las cuales cuatro presentaron ofertas.
Antecedentes del sentenciado
Fernando M. P., ya cuenta con una sentencia condenatoria ejecutoriada por el mismo delito de uso doloso de documento falso, relacionada con la falsificación de firmas en formularios de recolección de rúbricas de partidos y movimientos políticos en el año 2012, por la cual se le impusieron seis años de reclusión menor.
Además de la pena privativa de libertad, el Tribunal le impuso el pago de una multa equivalente a doce salarios básicos unificados a favor de la administración de justicia. Una vez ejecutoriada la sentencia, Fernando M. P., deberá publicar disculpas públicas a la ciudadanía en un diario de circulación nacional.
